Dos grupos de inversores estadounidenses compiten por adquirir el control de Sherritt International, empresa canadiense que explota junto al Gobierno cubano los principales yacimientos de níquel y cobalto de Moa, en Holguín, según reveló el Miami Herald.
De concretarse alguna de las operaciones, sería la primera entrada de capital estadounidense en la minería cubana en seis décadas.
Una de las propuestas contempla adquirir el 55% de Sherritt. Un segundo consorcio presentó una oferta rival que también prevé que una entidad estadounidense controle al menos ese porcentaje de la compañía. Cualquiera de las opciones modificaría de forma significativa la estructura de propiedad de una empresa con presencia estratégica en Cuba.
Capital estadounidense vuelve a mirar las minas de Moa
La operación tiene además un fuerte componente histórico. Parte de los yacimientos explotados actualmente pertenecieron a la estadounidense Moa Bay Mining Company, cuyas propiedades fueron confiscadas después de la llegada de Fidel Castro al poder. Existe una reclamación certificada sobre esos activos, valorada originalmente en 88 millones de dólares.
Ese antecedente complica cualquier eventual acuerdo. Los interesados no solo tendrían que resolver la compra de Sherritt, sino también enfrentar las reclamaciones vinculadas con propiedades confiscadas hace más de seis décadas. La operación necesitaría además autorizaciones del Gobierno de Estados Unidos antes de avanzar.
Las sanciones de Trump añaden presión al negocio
El movimiento ocurre después de que la Administración Trump aumentara la presión sobre el sector minero cubano. En mayo, Washington sancionó a Moa Nickel S.A., empresa conjunta de Sherritt International y la estatal General Nickel Company, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a cualquier intento de entrada estadounidense.
Incluso si una de las ofertas prospera, el Gobierno cubano conservaría su participación del 50% en la operación minera de Moa. Esto significa que cualquier nuevo accionista estadounidense tendría que convivir con la estructura actual de propiedad compartida en uno de los sectores más importantes de la economía vinculada a recursos naturales.
Reacciones cuestionan el futuro de las propiedades confiscadas
La posibilidad de que capital estadounidense entre nuevamente en esas minas generó reacciones entre usuarios en redes sociales. Una comentarista pidió priorizar antes la “libertad del pueblo”, mientras otra advirtió que los familiares de los antiguos propietarios podrían acudir a los tribunales para defender sus reclamaciones.
Otros usuarios mostraron escepticismo sobre el impacto real que tendría una eventual operación. Algunas reacciones expresaron temor a que el negocio termine beneficiando a las estructuras actuales sin resolver primero las disputas sobre propiedad y las reclamaciones pendientes.
El interés de estos grupos abre así un escenario poco habitual en las relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos. Por primera vez en décadas, inversores estadounidenses podrían intentar entrar en un sector estratégico que conserva una conexión directa con activos nacionalizados tras 1959.
Por ahora, ninguna de las propuestas está cerrada. El futuro de la operación dependerá de las autorizaciones de Washington, de la resolución de las reclamaciones certificadas y de la estructura final de control sobre Sherritt. Si alguna oferta avanza, el regreso de capital estadounidense a Moa tendría una carga económica, política e histórica difícil de separar.
