La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el 23 de junio que Exxon Mobil puede demandar en tribunales estadounidenses a empresas estatales cubanas por propiedades confiscadas en 1960, después de la llegada de Fidel Castro al poder.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres en Washington, revocó un fallo inferior que reconocía inmunidad soberana a las compañías controladas por el régimen cubano.
Los bienes pertenecían a Esso Standard Oil S.A., conocida como Essosa, filial cubana de Standard Oil y antecesora de Exxon Mobil. El conjunto incluía una refinería de petróleo en La Habana, 117 estaciones de servicio y varias terminales destinadas al almacenamiento y la distribución de combustibles en diferentes puntos de la Isla.
La reclamación también comprende una terminal marítima, plantas de envasado y procesamiento de derivados del petróleo, una instalación para producir grasas lubricantes y varios depósitos de almacenamiento a granel. Tras la intervención estatal, esos activos pasaron a manos de entidades cubanas que posteriormente quedaron vinculadas con CUPET y CIMEX, según los documentos judiciales.
La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de Estados Unidos certificó en 1969 pérdidas por 71,6 millones de dólares, con un interés anual del 6% desde 1960. Al sumar más de seis décadas de intereses, el monto reclamado superaría actualmente los 1.000 millones de dólares. El fallo, sin embargo, no concede todavía una indemnización a Exxon Mobil.
El punto central del litigio era determinar si la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, permite presentar demandas contra empresas estatales cubanas pese a la protección que normalmente ofrece la inmunidad soberana. La mayoría de los magistrados concluyó que ese escudo no impide que Exxon continúe el proceso judicial relacionado con bienes nacionalizados sin compensación.
El juez Brett Kavanaugh, autor de la opinión mayoritaria, argumentó que tendría poco sentido permitir al presidente activar demandas contra intereses cubanos y mantener, al mismo tiempo, protegidas a las entidades involucradas. La jueza Elena Kagan encabezó la disidencia y sostuvo que la legislación no contiene una disposición expresa que elimine esa inmunidad.
La demanda fue presentada en 2019, el mismo día en que el gobierno de Donald Trump activó plenamente el Título III de la Ley Helms-Burton. Esa disposición permite a ciudadanos y empresas estadounidenses reclamar contra compañías que utilicen, exploten o se beneficien comercialmente de propiedades confiscadas por el gobierno cubano.
La decisión representa la segunda victoria en dos meses para propietarios estadounidenses con reclamaciones relacionadas con expropiaciones en Cuba. En mayo, la Corte Suprema reactivó otro litigio promovido por una empresa que operaba muelles en La Habana contra cuatro compañías de cruceros que utilizaron esas instalaciones durante el acercamiento impulsado por el gobierno de Barack Obama.
El Congreso aprobó la Ley Helms-Burton después del derribo, en 1996, de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate por fuerzas militares cubanas. Durante más de dos décadas, presidentes de ambos partidos suspendieron el Título III para evitar conflictos con aliados extranjeros y preservar posibles negociaciones con La Habana. Trump puso fin a esa suspensión durante su primer mandato.
El alcance económico de futuros litigios podría ser considerable. La comisión estadounidense certificó casi 6.000 reclamaciones de personas y empresas por propiedades valoradas originalmente en 1.900 millones de dólares, sin incluir intereses. El fallo sobre Exxon podría dar a Washington una nueva herramienta de presión y elevar el riesgo legal para entidades extranjeras que operen con bienes confiscados en Cuba.
