La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes 29 de septiembre a la administración de Donald Trump a continuar temporalmente las deportaciones de inmigrantes hacia terceros países, mientras analiza la legalidad de esa política.
La decisión suspende un fallo del juez federal Brian Murphy que había declarado ilegal el procedimiento y tiene especial interés para la comunidad cubana porque uno de los principales demandantes, identificado como D.V.D., es ciudadano de Cuba.
La orden no constituye una decisión definitiva sobre la legalidad de las expulsiones. El máximo tribunal aceptó revisar el caso y estableció un calendario para escuchar los argumentos durante su sesión de diciembre de 2026. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se pronunciaron contra la suspensión solicitada por el Gobierno.
¿Qué son las deportaciones de inmigrantes a terceros países?
La política permite trasladar a determinados inmigrantes a una nación distinta de su país de origen. La controversia judicial se concentra, entre otros puntos, en las garantías que deben recibir antes de ser enviados a esos destinos, especialmente cuando alegan que podrían sufrir persecución, tortura u otros daños.
El fallo de Murphy había reconocido a los integrantes de la demanda colectiva el derecho a recibir una notificación significativa antes de la expulsión y una oportunidad para presentar una reclamación específica sobre los riesgos que enfrentarían en el país receptor. El juez también dejó sin efecto la política gubernamental sobre estas deportaciones. Esa sentencia es la que ahora permanece suspendida mientras interviene la Corte Suprema.
La administración Trump sostiene que las deportaciones a terceros países constituyen una herramienta necesaria para ejecutar órdenes migratorias cuando el extranjero no puede ser enviado a su nación de origen. El Departamento de Justicia también ha argumentado que las restricciones judiciales complican acuerdos diplomáticos y la logística necesaria para realizar los traslados.
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Un cubano figura entre los demandantes del caso
La disputa tiene una conexión directa con Cuba. D.V.D., cuyo nombre completo permanece protegido en los documentos públicos del proceso, figura entre los demandantes que cuestionaron la política. Sin embargo, el litigio no establece reglas exclusivas para los cubanos, sino que analiza las protecciones aplicables a las personas que pueden ser expulsadas hacia países distintos del suyo.
Los representantes de los demandantes sostienen que el Gobierno debe proporcionar tiempo y mecanismos suficientes para que un inmigrante pueda advertir sobre los peligros que enfrentaría en el destino propuesto. La administración, en cambio, ha defendido su capacidad para ejecutar estas expulsiones y sostiene que existen procedimientos para abordar determinados reclamos de protección.
Corte Suprema decidirá el futuro de la política migratoria
La intervención del máximo tribunal ocurrió después de que la administración solicitara restaurar la política. La Corte deberá analizar cuestiones relacionadas con la jurisdicción del tribunal inferior, el alcance de las medidas dictadas para toda la clase de demandantes y si las directrices gubernamentales cumplen con la legislación migratoria, el debido proceso y las normas estadounidenses que implementan obligaciones contra la tortura.
El alcance de la política es considerable. Reuters informó que más de 25.000 migrantes han sido enviados a terceros países desde su implementación, principalmente a México, aunque también se han utilizado otros destinos. Expertos independientes de Naciones Unidas han cuestionado esta práctica por los posibles riesgos para los derechos de los deportados, mientras la administración la considera una herramienta necesaria para hacer cumplir las órdenes de expulsión.
Por ahora, la decisión del 29 de septiembre permite al Gobierno continuar con estas deportaciones mientras avanza el litigio. El resultado definitivo dependerá de la sentencia que emita posteriormente la Corte Suprema, que deberá determinar hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al trasladar inmigrantes a terceros países y qué garantías debe ofrecer antes de efectuar esas expulsiones.
