Más de 30 municipios de Miami-Dade y Broward no tienen acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que sus policías ejerzan funciones migratorias federales. La situación genera diferencias entre las ciudades del sur de Florida en medio del endurecimiento de las políticas migratorias de Donald Trump y las presiones del Gobierno estatal para ampliar la colaboración policial con las autoridades federales.
Según una investigación publicada por El Nuevo Herald, cerca de un tercio de los municipios de Miami-Dade y Broward participa en el programa 287(g), que permite a policías locales asumir determinadas funciones migratorias. Entre las ciudades con acuerdos figuran Hialeah, Coral Gables, Miami, Doral, Hollywood, Davie y Sweetwater. En cambio, Fort Lauderdale, Miramar y Miami Beach se encuentran entre las localidades que no han suscrito ese convenio específico con ICE.
¿Qué ciudades del sur de Florida tienen acuerdos con ICE?
La participación municipal presenta diferencias importantes. Aunque 17 localidades de Miami-Dade y Broward figuran con convenios, solo ocho respondieron a las solicitudes de información del Herald. En conjunto, reportaron apenas 22 agentes capacitados. Indian Creek y Pembroke Pines cuentan con seis cada una; Miami Springs tiene cuatro; Davie, tres; Miami, dos; y Pembroke Park, uno.
Doral constituye un caso particular. Su Ayuntamiento firmó un acuerdo con ICE, pero informó que ningún agente municipal había completado la capacitación correspondiente. La misma situación fue reportada en North Bay Village. El abogado municipal de Doral, Lorenzo Cobiella, aseguró que sus policías tampoco habían efectuado arrestos migratorios ni participado en operaciones federales bajo ese convenio.
¿Qué pueden hacer los policías locales bajo el programa 287(g)?
El mecanismo permite que agentes estatales y municipales seleccionados reciban formación para desempeñar determinadas funciones migratorias bajo supervisión de ICE. Según la agencia federal, estas competencias pueden ejercerse durante actividades policiales habituales, siempre que los funcionarios hayan completado el entrenamiento y obtenido la autorización correspondiente.
Sin embargo, vivir en una ciudad sin convenio no significa quedar fuera del alcance de las autoridades migratorias. ICE, la Patrulla Fronteriza y organismos estatales, como la Patrulla de Carreteras de Florida, pueden desarrollar operaciones dentro de esos municipios. La ausencia del acuerdo únicamente indica que la policía local no participa en ese mecanismo específico de delegación de funciones.
DeSantis enfrenta resistencia a sus acuerdos migratorios
El gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han promovido la incorporación de las fuerzas policiales al programa. Uthmeier incluso advirtió sobre posibles sanciones contra funcionarios municipales que rechazaran colaborar. Sin embargo, las obligaciones legales no son idénticas para los departamentos policiales de las ciudades y las oficinas de los sheriffs de los condados.
El alcalde de South Miami, Javier Fernandez, considera que la presión estatal ha disminuido respecto a 2025. Por su parte, la Fiscalía General rechaza que exista un cambio de postura. Entretanto, organizaciones defensoras de inmigrantes sostienen que estos acuerdos pueden reducir la confianza de las comunidades en la policía y desalentar las denuncias de delitos por temor a consecuencias migratorias.
Las protestas también han llegado a Doral, donde residentes y activistas han solicitado cancelar el convenio. Las autoridades municipales insisten en que sus agentes no ejecutan actualmente funciones migratorias bajo el programa. El debate resulta especialmente relevante para miles de familias inmigrantes del sur de Florida, que necesitan distinguir entre los acuerdos firmados por sus ciudades y las facultades que mantienen las autoridades federales.
