La expansión de cámaras capaces de registrar automáticamente las matrículas de los automóviles ha provocado nuevas preocupaciones sobre la privacidad de los conductores en Florida. Los dispositivos, utilizados por departamentos policiales de Miami-Dade, Broward y otras regiones estadounidenses, permiten almacenar información sobre los vehículos que circulan por determinadas carreteras.
La controversia se intensifica después de que el Gobierno estatal ordenara retirar parte de estos equipos ante las denuncias sobre posibles abusos y vigilancia excesiva.
Según una investigación publicada por EL PAÍS el 27 de octubre, las cámaras comercializadas por Flock Safety han generado protestas entre ciudadanos preocupados por el seguimiento de sus desplazamientos. El reportaje recoge el testimonio de Matías Núñez, residente de Hollywood, quien cuestiona las consecuencias de normalizar la vigilancia cotidiana. La tecnología ha sido adoptada por miles de comunidades estadounidenses para ayudar a localizar automóviles robados, identificar sospechosos y desarrollar investigaciones criminales.
¿Cómo funcionan las cámaras Flock instaladas en Florida?
A diferencia de las cámaras convencionales, estos sistemas utilizan programas de reconocimiento automático para identificar matrículas y características de los vehículos. Cuando un automóvil atraviesa el área vigilada, el dispositivo registra su placa, color, fabricante, fecha, hora y ubicación. Las autoridades pueden consultar posteriormente esa información para establecer si determinado vehículo pasó por diferentes lugares.
La tecnología no necesita identificar el rostro del conductor para reconstruir parte de los recorridos de un automóvil. Mediante búsquedas en registros almacenados, los investigadores pueden relacionar distintas observaciones de una misma matrícula. Flock Safety sostiene que los datos pertenecen a las instituciones que contratan el servicio y que estas determinan quién puede consultarlos. Su política general establece actualmente una conservación predeterminada de siete días, salvo condiciones legales o contractuales diferentes.
Preocupación por el uso de cámaras Flock en operaciones migratorias
Uno de los aspectos más controvertidos es la utilización de estos sistemas en investigaciones relacionadas con inmigración. Reportes periodísticos han documentado consultas de matrículas efectuadas por autoridades de Florida para apoyar operaciones migratorias. Aunque Flock Safety asegura que ICE no dispone de acceso directo automático a sus sistemas, las agencias propietarias de los datos pueden establecer mecanismos de intercambio conforme a sus políticas y las leyes aplicables.
Las preocupaciones también incluyen el acceso indebido a información personal. Investigaciones desarrolladas en Estados Unidos han identificado casos de funcionarios que utilizaron sistemas de vigilancia para seguir a personas conocidas sin una justificación policial. Los críticos consideran que almacenar registros de millones de desplazamientos puede facilitar conductas abusivas, mientras los defensores señalan que la tecnología contribuye a resolver delitos y recuperar vehículos sustraídos.
Florida limita estas cámaras, pero Hollywood mantiene su programa
El gobernador Ron DeSantis cuestionó la expansión de los lectores automáticos de matrículas y advirtió sobre el riesgo de una vigilancia descontrolada. Posteriormente, el Departamento de Transporte de Florida retiró la autorización general para instalar esos dispositivos policiales en carreteras estatales y ordenó desmontar los equipos afectados. La medida no representa una prohibición total en las calles municipales ni elimina necesariamente los programas existentes.
En Hollywood, la Comisión Municipal aprobó el 17 de junio de 2026 una resolución para contratar equipos y servicios tecnológicos de Flock Safety por hasta 555.000 dólares anuales durante cinco años. La documentación oficial explica que el programa busca fortalecer las investigaciones policiales y mantener cámaras distribuidas por la ciudad. El gasto anual existente cuando se presentó la propuesta rondaba los 300.000 dólares.
El debate también alcanzó la campaña electoral estadounidense. Representantes de diferentes tendencias políticas han reclamado controles sobre la duración del almacenamiento, los organismos autorizados para consultar información y las sanciones por utilizarla sin justificación. Para los residentes del sur de Florida, estas discusiones adquieren importancia por la presencia de comunidades inmigrantes y las preocupaciones relacionadas con la privacidad.
Aunque los lectores automáticos no determinan por sí mismos la identidad ni la situación migratoria de una persona, sus registros pueden convertirse en herramientas de investigación cuando se combinan con otras bases de datos. Por ello, el debate no se limita a la instalación de cámaras, sino que incluye quién puede consultar sus archivos, durante cuánto tiempo permanecen disponibles y qué mecanismos existen para impedir accesos injustificados.
