Un inmigrante cubano residente en Tampa, Florida, figura entre los siete demandantes que acudieron a un tribunal federal de Washington el 13 de octubre de 2026 para denunciar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retiene documentos y pertenencias después de liberar a personas bajo su custodia.
Rolando Ramírez Fuentes asegura que la falta de su licencia de conducir y su tarjeta del Seguro Social le ha impedido encontrar empleo, recibir atención médica y mantener una vivienda.
La denuncia, respaldada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), explica que Ramírez llegó desde Cuba a Estados Unidos cuando tenía 11 años. Actualmente tiene 57 y llevaba años viviendo en Florida. Según el expediente judicial, los agentes migratorios lo arrestaron el 23 de julio de 2025 cuando se encontraba cerca de su lugar de trabajo, iniciando un periodo de aproximadamente nueve meses de detención.
Cubano de Tampa quedó sin hogar después de salir de ICE
Ramírez permanecía bajo supervisión migratoria desde 2004, debido a una orden de deportación anterior. Tras su nueva detención, presentó una petición de habeas corpus para cuestionar su permanencia bajo custodia. El 28 de abril de 2026, un juez federal de Florida aceptó su solicitud y ordenó que las autoridades facilitaran su liberación en un plazo máximo de 24 horas.
El recurso de habeas corpus también ha permitido la liberación de otros inmigrantes cubanos. A finales de septiembre, Marlon Cervelo Trujillo recuperó su libertad después de pasar ocho meses detenido por ICE, tras cuestionar judicialmente la prolongación de su detención.
Sin embargo, recuperar la libertad no significó recuperar sus pertenencias. Los abogados sostienen que ICE conservó su licencia de conducir de Florida y su tarjeta del Seguro Social, pese a las gestiones realizadas para obtenerlas. Ambos documentos resultan importantes para acreditar identidad y gestionar oportunidades laborales. La demanda asegura que no existía una justificación válida para continuar reteniéndolos.
No es la primera vez que un inmigrante cubano denuncia problemas con sus pertenencias bajo custodia migratoria. En julio de 2025, una mujer aseguró que ICE había extraviado los documentos de su esposo durante un traslado entre centros de detención.
Las consecuencias económicas habrían sido graves. De acuerdo con el escrito presentado ante el tribunal, el cubano enfrenta obstáculos para conseguir trabajo y carece de recursos suficientes para pagar un alojamiento. Los demandantes también aseguran que la situación ha limitado su acceso a servicios médicos necesarios para atender una enfermedad cardíaca.
Siete inmigrantes demandan a ICE por retener sus pertenencias
El caso de Ramírez forma parte de una acción colectiva que involucra a otras seis personas liberadas de instalaciones migratorias. Los afectados denuncian que no les devolvieron documentos de identidad, autorizaciones de empleo, teléfonos celulares, dinero y otros objetos personales. Sus representantes legales sostienen que esta práctica puede prolongarse durante meses sin explicaciones suficientes.
Entre los participantes aparece Vladimir Izmailov, ciudadano ruso con una solicitud de asilo pendiente. Según la ACLU, lleva más de cinco meses sin recuperar su autorización de trabajo y su anillo de matrimonio. La falta de documentación habría dificultado que consiguiera empleo, obligándolo a solicitar préstamos para cubrir el alquiler de la vivienda donde reside con su esposa y sus hijos.
Demanda busca obligar a ICE a devolver documentos personales
Los abogados argumentan que mantener esas pertenencias después de finalizar la detención podría vulnerar la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege frente a incautaciones irrazonables. También cuestionan la actuación de la agencia conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. El litigio, denominado Gonzalez contra el Departamento de Seguridad Nacional, continúa abierto ante un tribunal federal del Distrito de Columbia.
La demanda solicita que las autoridades devuelvan los bienes retenidos y adopten medidas para evitar situaciones similares con otros inmigrantes. La organización sostiene que conservar documentos sin una necesidad legal vigente puede impedir que una persona trabaje, se identifique o atienda asuntos esenciales después de recuperar su libertad.
Por ahora, las acusaciones permanecen pendientes de evaluación judicial y no constituyen una declaración definitiva de responsabilidad contra ICE. El caso de Ramírez muestra el alcance de las dificultades denunciadas: aunque una orden judicial puso fin a su detención, el cubano asegura que continúa enfrentando consecuencias económicas y personales derivadas de la falta de sus documentos.
