El gobierno de Florida, encabezado por Ron DeSantis, ha desembolsado más de 1.200 millones de dólares para financiar operaciones migratorias durante menos de dos años, según una investigación periodística publicada el 18 de noviembre de 2026.
Los fondos proceden de una reserva estatal destinada a responder a emergencias y se utilizaron para pagar instalaciones de detención, servicios de seguridad y contratistas privados. La revelación coincide con una nueva prórroga de la emergencia migratoria decretada por el gobernador.
El reportaje del Tampa Bay Times y el Miami Herald, elaborado a partir de registros financieros estatales, señala que aproximadamente el 70% de los desembolsos del fondo desde el verano de 2025 corresponde a actividades migratorias. Aunque Florida ha transferido cuantiosas sumas a proveedores, todavía mantiene obligaciones pendientes por al menos 263 millones de dólares. La investigación también identifica gastos en equipamiento, horas extraordinarias y desplazamientos de agentes policiales.
Payouts to FL immigration contractors surpass $1.2B, outstanding debts remain https://t.co/JRhSuQhfP1
— Miami Herald (@MiamiHerald) November 18, 2026
¿En qué gastó Florida más de 1.200 millones de dólares?
Entre las compañías que recibieron mayores pagos figura IRG Global, especializada en respuesta a emergencias. La empresa acumuló aproximadamente 257 millones de dólares, incluidos contratos relacionados con instalaciones destinadas al personal de Alligator Alcatraz. Otra beneficiaria fue Doodie Calls, dedicada a servicios sanitarios, que recibió alrededor de 235 millones. Los contratos muestran la participación de empresas privadas en el desarrollo y funcionamiento de los centros migratorios.
Los registros incluyen desembolsos que han generado interrogantes sobre la administración de los recursos. IRG Global incorporó una partida de 102.000 dólares para equipos de gimnasio dentro de un contrato de 183 millones. Por su parte, GardaWorld obtuvo más de 10 millones por horas extraordinarias de trabajadores de seguridad. Otra compañía, Gothams, recibió cerca de medio millón de dólares para elaborar credenciales y distintivos.
Las oficinas de los alguaciles también participaron en estas operaciones mediante contratos temporales. El Departamento del Sheriff de Palm Beach facturó alrededor de 1,2 millones de dólares por enviar agentes y supervisores a instalaciones migratorias. Otras dependencias trasladaron personal desde diferentes regiones de Florida. Las autoridades de Palm Beach aseguraron que esas asignaciones no perjudicaron sus labores habituales de patrullaje.
El dinero salió de un fideicomiso establecido en 2022 para atender emergencias, incluidos huracanes, inundaciones y otros desastres. Este mecanismo permite al gobernador movilizar recursos con rapidez. Sin embargo, su utilización para operaciones migratorias ha provocado cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias y la disponibilidad de fondos ante posibles fenómenos naturales que afecten al estado.
DeSantis prolonga la emergencia migratoria hasta enero de 2027
La situación financiera coincide con una nueva decisión del gobernador. El 17 de noviembre, DeSantis firmó la Orden Ejecutiva 26-230, mediante la cual extendió durante otros 60 días la emergencia migratoria declarada originalmente en enero de 2023. La disposición continuará vigente hasta el 16 de enero de 2027 y permitirá mantener las medidas estatales relacionadas con el control migratorio.
Para sostener los gastos, los legisladores aprobaron nuevas asignaciones al fondo. En agosto autorizaron 167 millones de dólares, seguidos de 187 millones en septiembre y otros 375 millones durante noviembre. A pesar de estas transferencias, la reserva conserva aproximadamente 157 millones, una cantidad inferior a las facturas pendientes con los contratistas involucrados.
La investigación también señala problemas de transparencia. La División de Manejo de Emergencias de Florida no había entregado un informe trimestral obligatorio sobre la utilización del dinero público, cuyo plazo venció el 15 de octubre. La dependencia tampoco respondió a las solicitudes de comentarios de los periodistas. Esta ausencia de información dificulta conocer con precisión la evolución de los compromisos financieros.
DeSantis sostiene que reforzar el control migratorio resulta necesario para proteger los recursos y la seguridad de Florida. Sus críticos cuestionan el costo de las medidas y el uso del presupuesto para desastres. Mientras tanto, la próxima administración estatal heredará una emergencia migratoria vigente y obligaciones millonarias con proveedores, en un escenario que mantiene el debate sobre la financiación y supervisión de estos operativos.