El gobernador Ron DeSantis quiere impedir que las ciudades y los condados de Florida impongan nuevos cargos para recuperar los ingresos que perderán con la rebaja del impuesto sobre la propiedad aprobada el 3 de noviembre.
El mandatario anunció en Tallahassee que buscará una sesión extraordinaria de la Legislatura antes de enero de 2027, con el propósito de establecer protecciones adicionales para los contribuyentes y garantizar que el alivio fiscal llegue a los propietarios.
Según informó News Service of Florida, la propuesta surge después de que la Enmienda 3 obtuviera aproximadamente el 62% de los votos. DeSantis pretende crear una declaración de derechos del contribuyente que limite la posibilidad de sustituir los impuestos eliminados por tarifas municipales. Sin embargo, el proyecto todavía no se ha aprobado y los legisladores no han fijado una fecha para debatirlo.
¿Qué nuevos cobros podrían aparecer en Florida?
La preocupación se concentra en los pagos que los gobiernos locales pueden exigir para financiar servicios públicos. Entre ellos figuran tarifas de recogida de basura, mantenimiento de drenajes, servicios de emergencia y determinadas contribuciones especiales. Estos cargos no siempre dependen del valor fiscal de la vivienda, por lo que podrían mantenerse incluso cuando el propietario reciba una exención mayor.
Expertos consultados por PolitiFact advierten que impedir esa sustitución de ingresos no será sencillo. Las ciudades y los condados disponen de distintas facultades para financiar operaciones mediante tarifas y gravámenes autorizados por la legislación. El exsenador estatal Jeff Brandes cuestionó cómo podría el gobernador restringir esos mecanismos sin comprometer los presupuestos municipales.
DeSantis también planteó establecer un fondo estatal para ayudar a los gobiernos locales a cubrir necesidades esenciales durante la transición. La propuesta busca responder a las preocupaciones de municipios pequeños y departamentos de seguridad pública. No obstante, el Ejecutivo todavía no ha precisado cuánto dinero estaría disponible ni cuáles serían los requisitos para recibirlo.
¿Cuánto podrían ahorrar los propietarios con la Enmienda 3?
La reforma constitucional elevará la exención homestead aplicable a determinados impuestos de las viviendas principales hasta 150.000 dólares en 2027 y 250.000 dólares en 2028. Las cantidades representan valor fiscal exento, no dinero entregado directamente a los propietarios. Los tributos destinados a financiar las escuelas públicas continuarán aplicándose.
En Miami-Dade, el tasador de propiedades Tomás Regalado estimó ahorros medios de aproximadamente 1.700 dólares en 2027 y 2.700 dólares en 2028, según cifras recogidas por Axios. El beneficio real dependerá de la valoración de cada inmueble y de los tipos impositivos locales. Las facturas correspondientes a 2026 no incorporarán todavía la nueva ampliación.
La reducción de ingresos ya preocupa a las autoridades del sur de Florida. Hialeah estudia posibles ajustes salariales y restricciones de contratación, mientras otras ciudades evalúan cómo sostener sus servicios. Los economistas estatales calculan que la reforma podría ocasionar pérdidas de hasta 12.000 millones de dólares anuales a los gobiernos locales cuando alcance su aplicación plena.
La sesión especial de DeSantis todavía enfrenta obstáculos
La convocatoria extraordinaria no cuenta con el respaldo definitivo de los futuros dirigentes legislativos. Jim Boyd, próximo presidente del Senado estatal, ha señalado que las normas complementarias podrían examinarse en enero. Sam Garrison, quien dirigirá la Cámara de Representantes, también ha expresado reservas sobre aprobar cambios complejos mediante un procedimiento apresurado.
Para los cubanos propietarios de viviendas en Miami, Hialeah, Doral y otras localidades, la discusión determinará si el ahorro inmobiliario puede verse reducido por otros pagos. Los inquilinos también podrían enfrentar consecuencias indirectas si aumentan los costos de mantener propiedades alquiladas. Por ahora, la rebaja constitucional está aprobada, pero la protección adicional contra nuevos cargos sigue siendo una propuesta pendiente de negociación legislativa.
