El nuevo intento del presidente Donald Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos enfrenta su primera impugnación directa en tribunales. Abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos pidieron este martes a un juez federal de Nueva Hampshire bloquear la medida, al considerar que contradice una reciente decisión de la Corte Suprema, según informó CNN.
La disputa surge después de que el máximo tribunal determinara en junio que un decreto anterior de Trump era inconstitucional porque chocaba con la garantía de ciudadanía para prácticamente todas las personas nacidas en territorio estadounidense. Esa resolución frenó el primer intento de la Administración de restringir ese derecho.
Trump intenta redefinir excepciones a la ciudadanía por nacimiento
Tras ese revés, Trump firmó la semana pasada una nueva orden. La medida establece que las agencias federales no reconocerán la ciudadanía de determinados hijos de padres extranjeros cuando alguno sea considerado “enemigo extranjero”, empleado de un gobierno extranjero o participe en el denominado turismo de nacimiento.
La ACLU sostiene que el nuevo texto intenta alcanzar por otra vía un resultado que los tribunales ya rechazaron. Sus abogados pidieron al juez federal Joseph LaPlante que deje claro que el Poder Ejecutivo no puede retirar la ciudadanía a las personas protegidas por decisiones judiciales anteriores mediante decretos presidenciales.
ACLU pide al juez mantener las protecciones existentes
LaPlante ya había declarado inconstitucional el primer decreto de Trump y prohibió su aplicación contra quienes podían resultar afectados. Ese caso llegó posteriormente a la Corte Suprema, que confirmó la decisión. Ahora el magistrado deberá analizar si la nueva orden presidencial invade nuevamente los límites establecidos por la Constitución.
La Corte Suprema reconoce desde hace años excepciones muy concretas a la ciudadanía automática por nacimiento. Entre ellas figuran los hijos de diplomáticos extranjeros y los nacidos de enemigos durante una ocupación hostil. Los grupos de derechos civiles sostienen que esas excepciones no pueden ser ampliadas unilateralmente por el presidente.
En documentos judiciales citados por CNN, la ACLU argumentó que la Decimocuarta Enmienda y la jurisprudencia de la Corte Suprema definen quién puede quedar fuera de la cláusula de ciudadanía. Según los demandantes, esa autoridad no corresponde al Ejecutivo.
Otro tribunal analiza el alcance del nuevo decreto
La controversia también llegó a Maryland. Abogados que habían impugnado la orden anterior solicitaron a otro juez que determine si la nueva medida podría afectar de forma indebida a sus clientes. El caso abre un segundo frente judicial mientras continúa la discusión sobre la aplicación práctica del decreto.
El Departamento de Justicia informó a esos abogados que la nueva orden funcionará únicamente de forma prospectiva y no entrará en vigor hasta que el Gobierno publique una guía de implementación. Según los documentos judiciales, no ofreció más detalles sobre cómo se aplicarán las nuevas reglas.
El nuevo litigio coloca otra vez la ciudadanía por nacimiento en el centro de la política migratoria de Trump. Mientras la Casa Blanca intenta establecer nuevas excepciones, organizaciones civiles sostienen que el presidente carece de autoridad para modificar mediante decreto una protección constitucional que los tribunales ya han respaldado.
