Acuerdo con ICE limitaría acceso a información sobre migrantes detenidos en Miami-Dade

El condado de Miami-Dade, en Florida, ha firmado un nuevo acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que afectará la gestión de los registros públicos de los inmigrantes detenidos en las cárceles del condado.

Este acuerdo, respaldado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, otorga a ICE el control sobre los registros de los reclusos detenidos bajo órdenes de la agencia federal, lo que ha generado preocupación por las implicaciones en la transparencia y el acceso a la información.

El acuerdo será sometido a una votación preliminar el lunes y modifica el acuerdo existente entre Miami-Dade y ICE. Bajo el nuevo marco, los registros de los reclusos detenidos por ICE no estarán disponibles en los portales locales de búsqueda en tiempo real, lo que podría dificultar el acceso a la información para los familiares y defensores de los detenidos.

Posibles efectos sobre la transparencia y el acceso a la información

Este cambio en la gestión de los registros ha generado críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes temen que la falta de acceso en tiempo real a la información podría dificultar la localización de los detenidos y el seguimiento de su proceso legal.

Sin embargo, la alcaldesa Levine Cava defendió el acuerdo, asegurando que el condado continuará proporcionando información sobre los reclusos bajo custodia de ICE y que las bases de datos de la agencia federal estarán disponibles para su consulta pública.

Reembolsos y limitaciones en la detención

El acuerdo también establece que el condado podrá solicitar un reembolso de $50 por cada recluso detenido bajo una orden de deportación. Este reembolso tiene como objetivo cubrir los costos adicionales de la detención, que ascienden a unos $300 diarios por recluso.

Además, el acuerdo establece que los reclusos podrán ser retenidos en las cárceles del condado hasta 48 horas antes de ser transferidos a ICE, lo que se encuentra dentro de los límites establecidos por la ley estatal de Florida, que exige la cooperación con ICE.

Organizaciones como Community Justice Project han expresado su preocupación de que si otros condados en Florida adoptan acuerdos similares, la opacidad en la gestión de los registros podría extenderse, afectando aún más la transparencia sobre el paradero y las condiciones de los inmigrantes detenidos.

Miami-Dade comenzó a cumplir con las órdenes de detención de ICE en 2017, durante la primera administración de Donald J. Trump, como parte de un esfuerzo por colaborar con las políticas federales contra las ciudades y condados considerados “santuario”.

Aunque el acuerdo ya ha sido firmado por la alcaldesa Levine Cava, la decisión final dependerá de la aprobación de la Comisión del Condado.