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Cinco expertos proponen ruta para una “economía social de mercado” en Cuba

El proyecto parte de que no puede diseñarse una estrategia de desarrollo mientras persistan la inflación, la inestabilidad monetaria y el deterioro de los servicios esenciales

Cinco reconocidos economistas cubanos trabajan desde marzo de 2026 en una propuesta para transformar la economía de Cuba ante un eventual cambio institucional y político.

Mauricio de Miranda Parrondo, Pedro Monreal González, Omar Everleny Pérez Villanueva, Ricardo Torres Pérez y Pavel Vidal Alejandro desarrollan el proyecto Cuba Transformación con apoyo del Cuba Study Group y el Observatorio sobre Economía Cubana.

La iniciativa busca definir prioridades, ordenar reformas y reducir los costos sociales de la profunda crisis que atraviesa la Isla.

Los expertos pretenden aportar herramientas técnicas para detener el deterioro económico, proteger a los sectores más vulnerables y crear condiciones mínimas de estabilidad.

El grupo sostiene que cualquier transformación debe partir de un diagnóstico realista sobre la contracción productiva, la inflación, la depreciación de la moneda y el desplome de la capacidad adquisitiva de los hogares cubanos.

El proyecto considera que la situación actual responde a una combinación de factores internos y externos. Entre ellos identifica un modelo económico disfuncional, errores persistentes de política pública, modificaciones en el contexto geopolítico y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.

También señala el deterioro de los servicios públicos, la descapitalización de la infraestructura y el aumento de la vulnerabilidad social.

Los autores aclararon que su trabajo no constituye una evaluación específica de las medidas anunciadas recientemente por el gobierno cubano. Tampoco surgió como respuesta directa a esas decisiones.

La propuesta sigue una metodología propia basada en identificar prioridades, establecer una secuencia de reformas y garantizar coherencia entre los objetivos económicos y los instrumentos utilizados para alcanzarlos.

La iniciativa propone avanzar hacia una economía social de mercado sustentada en un Estado democrático de derecho.

Según los economistas, este modelo debe combinar crecimiento, inclusión social, protección de los derechos ciudadanos y fortalecimiento de las instituciones. Esa premisa vincula la recuperación económica con cambios políticos e institucionales, en contraste con las reformas parciales aplicadas durante décadas por las autoridades cubanas.

El proceso estaría dividido en tres grandes fases. La primera incluye la estabilización macroeconómica y la aplicación de medidas de emergencia. La segunda se concentraría en recuperar la producción y reconstruir las instituciones. La tercera tendría como objetivo formular una estrategia de desarrollo sostenible para el mediano y largo plazo, con reglas capaces de ofrecer previsibilidad a hogares, productores e inversionistas.

Durante la etapa inicial, los especialistas concentrarán sus esfuerzos en corregir los desequilibrios más urgentes. También buscarán restablecer las funciones básicas del sistema económico y atender los problemas que afectan de forma inmediata a la población.

El proyecto parte de que no puede diseñarse una estrategia de desarrollo mientras persistan la inflación, la inestabilidad monetaria y el deterioro de los servicios esenciales.

La propuesta busca facilitar espacios de diálogo, entendimiento y negociación sobre el futuro económico del país. Sus responsables explicaron que no pretenden presentar una solución cerrada ni definitiva.

El objetivo consiste en aportar argumentos profesionales, identificar medidas viables y construir consensos que permitan aplicar políticas responsables sin trasladar nuevamente el mayor peso de los ajustes a la ciudadanía.

El anuncio generó reacciones favorables y cuestionamientos entre cubanos dentro y fuera de la Isla

Algunos usuarios destacaron la experiencia de los especialistas y expresaron confianza en sus futuras recomendaciones. Otros preguntaron cómo serán consideradas las sanciones estadounidenses, qué sectores serán definidos como vulnerables y si las propuestas llegarán a ser escuchadas por quienes controlan las decisiones económicas.

Una parte de los comentarios insistió en que ninguna reforma económica será suficiente mientras permanezca intacta la estructura política cubana.

Otros pidieron ampliar la diversidad del equipo y evitar que una eventual apertura beneficie a familiares, aliados o testaferros vinculados con el poder. Los economistas defendieron la independencia intelectual del proyecto y señalaron que sus conclusiones estarán abiertas al debate público como una contribución plural al futuro de Cuba.

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