Condenan a trabajadores estatales tras desvío millonario en Santiago de Cuba

La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba impuso penas de 10 a 15 años de cárcel a tres trabajadores vinculados a entidades estatales por un robo millonario efectuado a través de transacciones ilegales.

En total, se desviaron más de 5,1 millones de pesos mediante transferencias fraudulentas asociadas a un crédito bancario aprobado para una empresa de conservas vegetales. La sentencia corresponde a la causa 19 de 2026 por corrupción administrativa.

Condenas por corrupción en Santiago de Cuba

La sanción más alta recayó sobre Amarilis Téllez Torres, contadora C de la entidad afectada, condenada a 15 años de privación de libertad. Julio César Palacios Peralta, jefe del Grupo Contable Financiero de la misma empresa, recibió 14 años de prisión.

María Luisa Creme Quiroga, económica de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez, fue sancionada a 10 años. De acuerdo con el fallo, su cuenta personal recibió el dinero sustraído mediante cuatro operaciones bancarias irregulares.

El tribunal consideró probado que el esquema comenzó después de la aprobación de un crédito de 20 millones de pesos para una Unidad Empresarial de Base de la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba. Desde esa operación, los implicados desviaron 5.175.504 pesos y luego distribuyeron 3.986.504 pesos entre ellos.

Transferencias falsas y compra de dólares

Creme Quiroga destinó una parte del dinero a la compra de 2.000 dólares estadounidenses. La operación se realizó con Kenly Hierrezuelo Téllez, a quien pagó más de 1.195.000 pesos, según los datos expuestos en el proceso judicial.

Hierrezuelo Téllez no recibió pena de cárcel por este expediente, pero fue multado con 600 cuotas de 40 pesos cada una por tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

La sala calificó los hechos como falsificación continuada de documentos bancarios y de comercio para ejecutar la malversación. Ese delito contempla sanciones de ocho a 20 años de privación de libertad en Cuba.

Además de las penas principales, los tres condenados quedaron privados de derechos públicos y con prohibición de salida del país. Téllez Torres y Palacios Peralta también fueron inhabilitados para ocupar cargos relacionados con la gestión económica. Ambos deberán devolver el dinero defraudado a la entidad perjudicada.

Empresas estatales bajo sospecha

El expediente vuelve a exponer la vulnerabilidad de las empresas estatales cubanas, donde la falta de controles reales, la opacidad administrativa y la crisis económica han convertido la corrupción en un problema recurrente. El régimen ha intentado exhibir estos procesos como una ofensiva judicial, aunque los casos conocidos apuntan a fallas estructurales más profundas.

En mayo de 2024, 78 personas fueron detenidas en Santiago de Cuba por el desvío de productos básicos desde el puerto Guillermón Moncada hacia redes informales, con daños estimados en al menos nueve millones de pesos.

Otros expedientes recientes muestran cifras mayores. En Sancti Spíritus, cinco funcionarios de una empresa agropecuaria fueron sancionados en agosto de 2025 por negligencia y malversación, con pérdidas superiores a 97 millones de pesos.

La sentencia dictada este domingo aún puede ser apelada por los sancionados o por la Fiscalía. El caso queda como otro reflejo del deterioro institucional dentro del aparato económico estatal, donde el discurso oficial contra la corrupción no ha logrado frenar el saqueo de recursos públicos.