El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart solicitó este martes a Marco Rubio y Markwayne Mullin, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, respectivamente, que revisen la situación migratoria de familiares cercanos de Alejandro Castro Espín, hijo del nonagenario dictador Raúl Castro.
La petición del representante del distrito 26 de la Florida llega ante reportes de prensa sobre posibles beneficios migratorios otorgados en Estados Unidos a personas vinculadas al entorno del régimen cubano.
En una carta enviada a ambos funcionarios, Díaz-Balart expresó preocupación por informes de prensa según los cuales altos miembros del Partido Comunista de Cuba y familiares directos de figuras del poder habrían logrado entrada legal, residencia permanente e incluso ciudadanía estadounidense.
El legislador citó el caso de Ana Adis Cardero Pacheco, suegra de Alejandro Castro Espín. Según la misiva, Cardero Pacheco reside en el sur de Florida como residente permanente y viaja con frecuencia a Cuba.
De acuerdo con la carta, Cardero Pacheco habría llegado a Estados Unidos en 2013 con una visa de turista obtenida en México. Posteriormente, habría recibido la residencia permanente en 2023.
El periodista Mario Pentón de Martí Noticias confirmó con fuentes verificadas que Cardero Pacheco es residente permanente de Estados Unidos. La información refuerza la solicitud del congresista, quien pide determinar si su admisión y posterior ajuste migratorio cumplieron con la legislación vigente.
La carta también señala que Cardero Pacheco es viuda del coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, identificado como un alto oficial relacionado con la represión en Santiago de Cuba y con misiones militares cubanas en Angola y Nicaragua.
Díaz-Balart también mencionó a Meurys Yisell Rueda Cardero, hermana de la esposa de Alejandro Castro Espín. Según la información citada por el congresista, Rueda Cardero reside en Hialeah y habría obtenido la ciudadanía estadounidense.
El legislador afirmó que existen indicios de que ambas mujeres respaldaron públicamente posiciones favorables al gobierno cubano.
Entre los ejemplos incluidos en la carta figuran una declaración de apoyo a Hugo Chávez firmada en 2012 y otro documento de 2006 contra Estados Unidos.
Díaz-Balart recordó que la legislación migratoria estadounidense establece restricciones para personas afiliadas a partidos comunistas o totalitarios. Por ello, pidió evaluar si las mujeres fueron admitidas legalmente y si declararon toda la información requerida durante sus procesos migratorios.
El congresista sugirió que, si las autoridades detectan violaciones a la ley, se revoquen los beneficios migratorios concedidos. La solicitud ocurre pocos días después de que el Departamento de Estado sancionara a Alejandro Castro Espín, el 4 de junio, por su papel en la represión en Cuba bajo la administración de Donald Trump.
Recientes casos de revisión de estatus migratorio tras vínculos con el régimen comunista
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, exmiembro de la Fuerza Aérea cubana, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de fraude migratorio y falso testimonio en una solicitud de residencia permanente.
Según la acusación, González-Pardo presentó en abril de 2025 un formulario I-485 ante USCIS con declaraciones falsas sobre su pasado militar. Las autoridades sostienen que ocultó su pertenencia a la Defensa Antiaérea y Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba entre 1980 y 2009, así como entrenamiento y servicio en una unidad militar.
Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, fue detenida por ICE en Miami tras la terminación de su estatus de residente permanente.
Personalmente, el secretario de Estado, Marco Rubio, determinó que su presencia en Estados Unidos podía tener consecuencias adversas para la política exterior del país. ICE señaló que Lastres Morera era residente permanente desde 2023 y que permanecería detenida hasta su deportación.
Víctor Manuel Rocha, exembajador de Estados Unidos en Bolivia, enfrenta una demanda civil del Departamento de Justicia para revocar su ciudadanía estadounidense. Rocha fue condenado por actuar como agente no registrado de Cuba durante décadas.
