Corte Suprema aprueba fin del TPS: venezolanos en riesgo de deportación

La Corte Suprema de los Estados Unidos autorizó este lunes 19 de mayo que la administración de Donald J. Trump a revoque el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que beneficia a cerca de 350.000 venezolanos, quienes podrían enfrentar deportación a partir de septiembre de este año.

El TPS fue otorgado por la administración Biden en 2021 y renovado en 2023, debido a la grave crisis política y económica que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. La medida protegía a los migrantes de ser devueltos a un país considerado inseguro por organismos internacionales.

Sin embargo, la secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Trump, Kristi L. Noem, anuló la tercera extensión antes de su entrada en vigor.

La funcionaria alegó que algunos migrantes venezolanos están vinculados con el grupo criminal Tren de Aragua, y que el TPS representaba una carga para los recursos públicos y un riesgo a la seguridad.

Migrantes y ONG presentaron demanda

La revocación habría afectado a algunos beneficiarios desde abril y a otros desde septiembre de 2025. Como consecuencia, siete migrantes y una organización sin fines de lucro presentaron una demanda para detener la medida, argumentando que se basa en prejuicios raciales y falsas narrativas.

Ante de la decisión de este lunes, un juez federal en California había emitido una orden temporal bloqueando la cancelación. El magistrado consideró que la medida violaba procedimientos legales y mostraba indicios de discriminación racial, además de generar daños irreparables a familias, comunidades y a la economía local.

Corte de Apelaciones respaldó freno a la revocación

La decisión del juez fue respaldada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, lo que dejó en suspenso la aplicación de la política migratoria impulsada por Trump.

A pesar de esto, la administración republicana solicitó la intervención de la Corte Suprema. Alegó que mantener el TPS afecta la seguridad nacional y los servicios locales, y que los tribunales no deben limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en materia migratoria.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que la revocación conllevaría deportaciones masivas y la pérdida de empleos en comunidades ya vulnerables. Aseguran que Venezuela sigue siendo un país peligroso y que la protección temporal sigue siendo necesaria.

No todas son malas noticias, pues recientemente una sentencia puso un freno a las deportaciones exprés de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, con las autoridades señalando que estos individuos merecen un debido proceso legal antes de ser expulsados del país.