La cifra de personas sometidas a prisión o restricciones de libertad por motivos políticos en Cuba habría alcanzado los 1.372 casos al cierre del 1 de octubre de 2026, incluidos 40 ciudadanos detenidos cuando eran menores de edad y 158 mujeres.
El nuevo balance refleja la persistencia de procesos penales contra manifestantes, activistas y ciudadanos que expresaron críticas al gobierno, así como la utilización de diferentes figuras del Código Penal para sancionar estas conductas.
Según informó Infobae este lunes 12 de octubre, a partir de datos atribuidos a Prisoners Defenders, el registro incorpora expedientes relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y la participación en protestas. La organización había confirmado anteriormente 1.339 casos al cierre de agosto.
Cuba mantiene a 40 personas detenidas siendo menores por causas políticas
Uno de los datos más preocupantes corresponde a los 40 ciudadanos que fueron detenidos cuando todavía eran menores de edad. La cifra incluye personas que posteriormente cumplieron 18 años mientras permanecían bajo custodia o enfrentaban procesos penales. Por tanto, no significa que actualmente existan 40 niños encarcelados, sino que los afectados tenían menos de 18 años cuando comenzaron sus respectivos casos.
Prisoners Defenders también registra 158 mujeres sometidas a medidas penales por motivos políticos, aproximadamente el 12% del total divulgado. Entre las situaciones documentadas figuran condenas relacionadas con manifestaciones públicas y expresiones críticas al gobierno en redes sociales. La categoría incluye diferentes formas de restricción de libertad, por lo que no todas las mujeres contabilizadas necesariamente permanecen físicamente dentro de una prisión.
Desórdenes públicos y desacato entre los delitos más utilizados
El informe difundido por Infobae identifica los desórdenes públicos como la acusación más frecuente, presente en 577 expedientes. Le siguen desacato, con 382 casos; atentado, con 350; sedición, con 214; y sabotaje, con 125. Los registros incluyen distintas imputaciones contra una misma persona, por lo que estas cantidades no deben sumarse para calcular el número total de afectados.
La documentación atribuye a las autoridades cubanas la utilización de 76 figuras del Código Penal para procesar a personas incluidas en el registro. Prisoners Defenders ha cuestionado especialmente las acusaciones de sedición y sabotaje contra participantes en protestas. También ha denunciado procedimientos ante tribunales militares contra civiles y la acumulación de cargos que pueden derivar en condenas prolongadas.
Asere Noticias también documentó el caso de un cubano condenado a siete años de prisión por realizar un grafiti contra los apagones, un ejemplo de las sanciones penales impuestas por expresiones de inconformidad con el gobierno.
Familias cubanas también enfrentan procesos penales simultáneos
Otro aspecto señalado por la organización es la existencia de expedientes que afectan simultáneamente a familiares cercanos. Entre las situaciones documentadas aparecen madres e hijos, padres e hijos y otros integrantes de un mismo hogar sometidos a procedimientos judiciales. Prisoners Defenders considera que estas actuaciones ejercen presión adicional sobre las familias y pueden desalentar la participación en manifestaciones.
La evolución del registro durante el último año también refleja un aumento de los casos documentados. Según el informe oficial de Prisoners Defenders correspondiente a agosto de 2026, durante los doce meses anteriores se incorporaron 281 nuevos prisioneros políticos. La cifra representó un incremento del 84,9% en nuevas incorporaciones respecto al período equivalente anterior, no un aumento de esa proporción en el total de encarcelados.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de los detenidos, especialmente por las denuncias de procesos sin garantías suficientes. El gobierno cubano rechaza la calificación de presos políticos y sostiene que las condenas responden a delitos establecidos en su legislación. Sin embargo, las autoridades no publican un registro que permita contrastar de manera independiente todos los expedientes señalados.
Los nuevos datos vuelven a colocar bajo atención internacional las restricciones a las libertades civiles en Cuba. Aunque todavía debe aclararse la diferencia entre las cifras públicas disponibles, los registros documentan cientos de procedimientos relacionados con protestas y expresiones de disenso. Para las familias dentro y fuera de la Isla, la situación mantiene abierta la preocupación por el cumplimiento de las condenas, las condiciones de reclusión y las posibilidades de excarcelación.
