Prisoners Defenders y Consorcio Justicia presentaron este 19 de agosto Cuban Medical Brigades, una plataforma que reúne datos históricos y actuales sobre las misiones médicas de Cuba en 209 países y territorios. El proyecto recopila contratos, normas, testimonios, cifras económicas y documentos oficiales para sostener que determinadas condiciones impuestas a los profesionales pueden configurar trabajo forzoso y formas contemporáneas de esclavitud.
La base clasifica las operaciones como activas, inactivas, canceladas o en fase piloto. Con información actualizada hasta junio de 2026, contabiliza 53 misiones activas y estima que 25.724 profesionales cubanos permanecen trabajando en el exterior. También registra a 9.646 personas consideradas “desertoras” después de abandonar esos programas.
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Más de 1.400 testimonios sustentan la investigación
El estudio utiliza 1.402 testimonios recopilados desde 2018. De ese total, 1.185 declaraciones protegidas sirven para construir los indicadores estadísticos y otras 217, de carácter público, complementan el análisis. Las experiencias corresponden a profesionales enviados a 60 países.
Entre los entrevistados protegidos, el 77,72% afirmó que su participación no fue voluntaria. El 32,41% dijo no haber recibido contrato y otro 36,20% aseguró que firmó uno sin obtener copia. Cerca de siete de cada diez también señalaron que desconocían su destino definitivo o que este cambió después de su llegada.
La organización documentó además controles sobre la vida cotidiana. El 77,64% reportó vigilancia por funcionarios cubanos o colaboradores y el 81,18% afirmó haber enfrentado restricciones de movimiento. Otros testimonios mencionan supervisión de relaciones personales, alojamiento y comunicaciones.
Denuncian largas jornadas y retención de ingresos
Prisoners Defenders calculó una media de 5,75 días laborales por semana y jornadas de 9,91 horas. Al sumar guardias y servicios extraordinarios, la carga promedio ascendería a casi 72 horas semanales. El ingreso líquido medio declarado por los participantes fue de 462,29 dólares mensuales.
Según el análisis de los 1.185 testimonios protegidos, los profesionales habrían recibido en promedio alrededor del 15% del dinero comprometido por los países receptores por sus servicios. El resto habría quedado en manos de entidades cubanas o intermediarias. La propia organización advierte que las proporciones varían según cada contrato, país y periodo.
México figura entre los destinos con mayor presencia actual, con 3.849 profesionales estimados. Venezuela tendría unos 13.000, Angola alrededor de 3.000 y Argelia 955. Prisoners Defenders aclara que estos datos proceden de fuentes y periodos diferentes y no constituyen un censo oficial único.
El Gobierno cubano rechaza las acusaciones
La plataforma también señala consecuencias para quienes abandonan las misiones. El 91,14% de los testimonios protegidos afirmó haber sido advertido de que no podría regresar a Cuba durante ocho años. Además, el 40,51% dijo haber estado o continuar separado de hijos menores y 53 personas declararon que no pudieron entrar al país para verlos.
Naciones Unidas, la OIT, la CIDH, REDESCA y el Parlamento Europeo han examinado en distintos documentos denuncias relacionadas con salarios, contratos, restricciones y posibles situaciones de trabajo forzoso. El Gobierno cubano rechaza esas acusaciones y sostiene que las misiones son voluntarias y forman parte de su cooperación internacional. Prisoners Defenders y Consorcio Justicia reclaman publicar los contratos, eliminar sanciones por abandono y garantizar pago directo, libertad de movimiento y mecanismos independientes de denuncia.
