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Cubana pierde la ciudadanía de EEUU por fraude millonario en casino de Miami

Milagros Marileisis Acosta Torres recibió una condena por lavado de dinero en 2020, pero su ciudadanía había sido concedida cinco años antes

Una cubana de 40 años perdió su ciudadanía estadounidense después de que un tribunal federal del sur de Florida determinara que ocultó su participación en un esquema de lavado de dinero cuando solicitó la naturalización. La decisión, dictada el 14 de octubre contra Milagros Marileisis Acosta Torres, está relacionada con un fraude millonario cometido contra un casino de Miami-Dade.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la sentencia el 21 de octubre. Según el comunicado oficial, la mujer obtuvo la nacionalidad en 2015, pese a que ya participaba en operaciones destinadas a encubrir dinero procedente de actividades delictivas. La resolución judicial pone fin al proceso civil que las autoridades federales iniciaron meses atrás para cancelar su naturalización.

El caso ya había generado atención en junio, cuando el Departamento de Justicia inició acciones legales para retirar la ciudadanía a dos cubanas por presuntas irregularidades durante sus procesos de naturalización. En aquel momento, ambas enfrentaban demandas civiles, pero todavía no existía una sentencia definitiva.

¿Por qué le quitaron la ciudadanía estadounidense a la cubana?

El caso se remonta a una conspiración contra el casino Miccosukee Resort & Gaming, ubicado en el condado de Miami-Dade. De acuerdo con los antecedentes judiciales, varios participantes utilizaron comprobantes de crédito falsos para obtener dinero del establecimiento. El esquema permitió sustraer aproximadamente 5,3 millones de dólares.

Entre los implicados figuraba Johander Jorrin Melhen, esposo de Acosta Torres y trabajador del casino. La investigación estableció que la mujer intervino en transacciones financieras destinadas a esconder el origen de parte de los fondos y eludir los controles establecidos para detectar movimientos sospechosos.

Las autoridades identificaron operaciones bancarias y depósitos fraccionados vinculados con el dinero obtenido mediante el fraude. Parte de los recursos terminó en la adquisición de bienes y otros gastos. La participación de Acosta Torres en el movimiento de esos fondos resultó determinante para el posterior proceso contra su ciudadanía.

Una declaración falsa durante la naturalización fue decisiva

Cuando presentó su solicitud de ciudadanía en 2015, la cubana aseguró que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestada. También mantuvo esa respuesta durante la entrevista correspondiente. Sin embargo, su participación previa en la conspiración contradecía lo declarado ante las autoridades migratorias.

En 2020, un tribunal federal la condenó por conspiración para cometer lavado de dinero. Recibió una pena de seis meses de prisión y una orden de restitución cercana a los 150.000 dólares. La condena permitió documentar hechos que habían ocurrido antes de que adquiriera la nacionalidad estadounidense.

El Gobierno presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026. Posteriormente, el 13 de octubre, ambas partes solicitaron al tribunal una sentencia por consentimiento para cancelar la ciudadanía. Un día después, el juez emitió la resolución que dejó sin efecto su naturalización.

¿Puede ser deportada después de perder la ciudadanía?

La decisión judicial significa que Acosta Torres dejó de ser ciudadana estadounidense, pero no confirma que haya recibido una orden de deportación. La cancelación de la naturalización y una eventual expulsión del país son procedimientos distintos. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha anunciado una medida de ese tipo contra la mujer.

El caso forma parte de las acciones emprendidas por la Administración de Donald Trump para revisar naturalizaciones obtenidas mediante información falsa u ocultamiento de actividades delictivas. Las autoridades sostienen que estos procesos buscan proteger la integridad del sistema migratorio. Cada expediente, sin embargo, requiere una evaluación judicial y una decisión basada en sus circunstancias particulares.

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