Una coalición de organizaciones defensoras de inmigrantes, sindicatos y solicitantes de residencia permanente presentó una demanda federal contra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para detener dos políticas que endurecen el proceso de obtención de la Green Card dentro del país.
La acción judicial, presentada el 5 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Massachusetts, cuestiona disposiciones implementadas durante la administración de Donald Trump. Los demandantes sostienen que estas medidas introducen obstáculos para extranjeros que cumplen los requisitos de residencia y podrían obligarlos a realizar sus trámites fuera de Estados Unidos.
De acuerdo con la organización Democracy Forward, que participa en la representación legal, el litigio busca impedir que USCIS penalice a inmigrantes por utilizar el procedimiento de ajuste de estatus, una alternativa reconocida por la legislación estadounidense para obtener la residencia sin abandonar el territorio nacional.
Dos políticas de USCIS bajo cuestionamiento judicial
Una de las disposiciones impugnadas fue emitida en mayo de 2026. Esta instruye a los funcionarios migratorios a considerar como un factor negativo que una persona solicite su residencia dentro de Estados Unidos en lugar de tramitarla mediante una embajada o consulado en el extranjero.
Para contrarrestar esa valoración desfavorable, los solicitantes tendrían que demostrar circunstancias inusuales o excepcionales. Los abogados consideran que esta exigencia perjudica a personas que han establecido vínculos familiares, profesionales y económicos en territorio estadounidense.
La segunda política, publicada en agosto, permite que USCIS rechace determinadas solicitudes sin pedir previamente documentos adicionales. Los demandantes cuestionan especialmente su aplicación a expedientes presentados antes de la entrada en vigor de las nuevas instrucciones.
Sindicatos y organizaciones piden detener las restricciones
Entre los participantes en el litigio aparecen la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), Americans for Immigrant Justice y seis solicitantes individuales de residencia permanente.
La demanda solicita que el tribunal suspenda ambas políticas, las anule y ordene que las solicitudes afectadas sean evaluadas conforme a los precedentes legales correspondientes. Los representantes legales argumentan que las modificaciones podrían interrumpir empleos, estudios y proyectos familiares de inmigrantes que ya viven en Estados Unidos.
El proceso judicial, identificado como *American Association of University Professors et al. v. Mullin et al.*, expediente 1:26-cv-14527, continúa pendiente. La presentación de la demanda no suspende por sí sola las instrucciones cuestionadas.
¿Cómo podría afectar esta demanda a los cubanos con residencia pendiente?
La controversia también merece atención entre los ciudadanos cubanos que esperan obtener su Green Card, aunque sus posibles consecuencias dependen de la categoría migratoria utilizada.
Quienes solicitan la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano cuentan con una disposición legal específica que contempla requisitos como la admisión o el parole y, generalmente, un año de presencia física en Estados Unidos. No obstante, la aprobación sigue sujeta a la evaluación de USCIS y no ocurre automáticamente.
Las instrucciones relacionadas con la presentación de pruebas podrían resultar relevantes para determinados expedientes I-485, mientras que la aplicación de la otra política debe analizarse según la base legal de cada solicitud.
Por el momento, no existe una decisión judicial en este litigio que elimine las exigencias impugnadas. Los cubanos con trámites pendientes deben mantener actualizada su información ante USCIS, verificar las notificaciones oficiales y presentar los documentos necesarios dentro de los plazos establecidos.
