El régimen cubano propuso oficialmente un anteproyecto de ley para eliminar la cantidad de ministerios mediante una reorganización de la Administración Central del Estado. Dentro de los que desaparecen está el Ministerio de Comercio Interior (Mincin), dedicado principalmente al abastecimiento de los productos en las bodegas.
Ello hace pensar que el tan anunciado fin de la libreta de racionamiento se podría hacer realidad.
Mediante este mecanismo de control todavía se sostienen los cubanos más necesitados, pues es el único acceso a productos no tan caros, aunque en ocasiones con la peor calidad, como lo es el pan diario que se elabora en las panaderías estatales.
La libreta de racionamiento surgió en Cuba en 1962 y fue oficializada en 1963 con las Oficinas de Control y Distribución de Alimentos.
El régimen la presentó como un mecanismo de distribución equitativa, pero terminó convertida en símbolo del control estatal y de la escasez. Durante décadas incluyó arroz, azúcar, granos, aceite, café, huevos, pollo, leche para niños, pastas y otros productos básicos.
Sin embargo, tras la crisis de los años 90 comenzó un deterioro sostenido. En los últimos años, la caída ha sido más visible: desaparecieron renglones, aumentaron los retrasos y las entregas se volvieron incompletas. Actualmente, la libreta ya no garantiza una canasta suficiente y funciona apenas como una ayuda mínima para las familias.
De 23 a 20 ministerios, la reducción es poca
De acuerdo con el anteproyecto de ley, se reduciría la estructura oficial a 20 ministerios, frente al esquema actual de 23 ministerios y cuatro institutos nacionales.
La iniciativa, presentada como un intento de ganar eficacia administrativa, deja fuera al Ministerio de Comercio Interior y funciona al de Economía con Finanzas y Precios. La inclusión del término “planificación” mantiene el enfoque centralizado que ha marcado el modelo estatal cubano.
El diseño fusiona organismos históricos, crea nuevas carteras y redistribuye funciones que hasta ahora estaban bajo estructuras independientes.
Uno de los cambios más llamativos es la creación del Ministerio de Agroalimentación. Esta nueva entidad asumiría las funciones de los actuales ministerios de la Agricultura y de la Industria Alimentaria, dos sectores afectados por la baja producción, el desabastecimiento y la dependencia de importaciones.
El Ministerio de Industrias y el Ministerio de la Construcción se unirían en una sola entidad: el Ministerio de Industrias y la Construcción. Sin embargo, el tema de la vivienda quedaría integrado en el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, junto con funciones del CITMA, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
La propuesta también elimina al Ministerio de Educación Superior y al CITMA como organismos separados. Sus funciones quedarían dentro del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esta decisión genera dudas sobre el peso que tendría la ciencia en una cartera dominada por la educación superior.
El INDER dejaría de existir como instituto nacional y sería sustituido por el Ministerio de Deportes y Recreación. A su vez, el Instituto de Información y Comunicación Social sería elevado a rango ministerial bajo el nombre de Ministerio de Información y Comunicación Social, una denominación que puede ser interpretada como un intento de reforzar el control estatal sobre la comunicación pública.
La propuesta mantiene sin cambios organismos considerados estratégicos por el régimen, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Interior, Relaciones Exteriores, Salud Pública, Turismo, Energía y Minas, Justicia, Transporte, Educación, Cultura, Comunicaciones, Comercio Exterior e Inversión Extranjera y Trabajo y Seguridad Social.
El Banco Central de Cuba conservaría su condición de organismo de la Administración Central del Estado, dirigido por un ministro-presidente.
