El Consejo de Ministros de Cuba aprobó en su más reciente sesión la hoja de ruta para aplicar las transformaciones económicas y sociales anunciadas por el Gobierno.
Durante la reunión en La Habana, Miguel Díaz-Canel admitió que el objetivo principal de las medidas es garantizar la continuidad del sistema socialista en medio de la profunda crisis que atraviesa el país. “Aquí se trata de salvar la Revolución ante todo”, afirmó.
La sesión estuvo dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz y comenzó con un minuto de silencio por el fallecimiento de Ramiro Valdés Menéndez, quien ocupó distintas responsabilidades dentro de la estructura gubernamental, entre ellas la de viceprimer ministro. Tras el homenaje, las autoridades centraron el debate en la ejecución inmediata de las reformas.
Díaz-Canel calificó la implementación como un proceso complejo que deberá desarrollarse con agilidad. El gobernante volvió a responsabilizar a las sanciones de Estados Unidos por el deterioro de la economía, pero reconoció que las medidas buscan impedir que la crisis amenace la permanencia del modelo político vigente.
Según el mandatario, las transformaciones deberán “desatar las fuerzas productivas” para generar riqueza y distribuirla con justicia social. También insistió en mantener programas de protección para los sectores vulnerables, mientras empresas estatales, cooperativas y negocios privados adoptan una dinámica diferente.
El presidente reclamó reglas jurídicas claras, transparencia y mecanismos de control para evaluar los resultados. Sin embargo, aclaró que todos los actores económicos deberán responder al Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, al programa gubernamental y a las estrategias territoriales establecidas por el Estado.
Marrero anunció que varias disposiciones comenzarán a aplicarse en los próximos días y semanas. Entre ellas se encuentra la descentralización de facultades para que las empresas estatales puedan aprobar precios mayoristas y minoristas, definir escalas salariales y decidir el destino de las utilidades después de impuestos.
El Gobierno también pretende reorganizar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y permitir la creación de filiales y mipymes estatales. Los gobiernos provinciales y las administraciones locales podrán crear, fusionar, extinguir o liquidar empresas de sus territorios.
Otra medida contempla convertir determinadas empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones. Las autoridades definirán los sectores, las prioridades y la gradualidad de ese proceso, sin que las entidades dejen de responder a la planificación central ni al control gubernamental.
Para el sector no estatal, Marrero confirmó la aprobación de mipymes y cooperativas no agropecuarias pendientes. También se permitirá que las empresas privadas contraten a más de 100 trabajadores, lo que implica el reconocimiento formal de negocios de mayor tamaño. No obstante, estas entidades deberán contribuir a las prioridades económicas fijadas por el Gobierno.
Marrero advirtió que la burocracia y la resistencia de los funcionarios podrían obstaculizar las reformas. Aunque el régimen presenta el paquete como una respuesta para recuperar la economía, las declaraciones de Díaz-Canel confirman que la prioridad no es modificar el sistema, sino preservar la estructura de poder del Partido Comunista mediante aperturas limitadas y controladas.
