Una denuncia basada en documentos fechados en julio de 2024 atribuye presuntas irregularidades por más de 54 millones de pesos cubanos a la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Santiago de Cuba, una entidad estatal vinculada al abastecimiento de alimentos.
La información fue difundida por el influencer cubano Nio Reportando un Crimen y apunta a posibles hechos de corrupción administrativa, malversación de fondos y tráfico de influencias.
Los expedientes citados señalan pagos improcedentes, uso irregular de recursos, facturas sin respaldo económico comprobable y contratos con deficiencias legales. El monto referido supera los 54 millones de CUP, una cifra relevante en un país marcado por la escasez de alimentos, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos.
Presunta corrupción en empresa alimentaria de Santiago de Cuba
Según la denuncia, los documentos revisados muestran fallas graves en la contratación económica. Entre las anomalías descritas aparecen contratos con espacios sin completar, expedientes incompletos, documentos sin firmas y operaciones realizadas sin soporte administrativo suficiente.
Estas prácticas habrían permitido desembolsos millonarios sin garantías claras sobre el destino del dinero. También se mencionan facturaciones elevadas que no tendrían una justificación económica verificable. Hasta el momento, no se conoce una explicación pública detallada de las autoridades provinciales ni de los organismos encargados de investigar estos señalamientos.
El caso cobra mayor relevancia porque involucra a una empresa estatal de la industria alimentaria. En Cuba, ese sector atraviesa una crisis prolongada, con baja producción, mercados desabastecidos y una población obligada a enfrentar precios cada vez más altos.
Nombres señalados en los documentos filtrados
La información difundida menciona a varias personas vinculadas con procesos administrativos, fiscales, de auditoría e inversión dentro de la entidad.
Entre los nombres citados figuran Jorge Arce Ferrera, director general; Luis Enrique Fernández Reyes, auditor de la empresa; Luis Felipe Torres Garrido, fiscal; Yoel Suárez, identificado como inversionista vinculado; y Yulianela Jiménez, trabajadora por cuenta propia.
También se alude a otros funcionarios, especialistas y directivos que habrían intervenido en inspecciones, contratos y decisiones internas. La aparición de estos nombres coloca bajo revisión pública el funcionamiento de la empresa y el papel de quienes debían velar por la legalidad de los procedimientos.
Otro punto señalado por el influencer es la posible existencia de nepotismo en la asignación de recursos y contratos, pues ciertas decisiones habrían beneficiado a personas o redes de influencia, mientras auditorías y verificaciones fiscales no habrían detectado las fallas o no actuaron con suficiente rigor.
Denuncias sin respuesta
Los documentos también indican que algunas denuncias habrían sido presentadas ante las autoridades desde meses atrás. Sin embargo, no se conocen acciones concretas ni resultados públicos. Esa falta de transparencia aumenta las dudas sobre posibles mecanismos de encubrimiento, presión interna o protección administrativa.
Entre los puntos más sensibles se menciona el caso de una trabajadora afectada económicamente y la situación de un obrero fallecido, cuyo pago pendiente no habría sido resuelto. Estos elementos amplían el alcance del expediente, al sumar presuntos daños laborales y humanos a las irregularidades financieras.
La propia documentación, según la denuncia, concluye que de 14 aspectos investigados varios fueron considerados “con razón” o “con razón en parte”. Esa admisión apuntaría a la existencia de violaciones reales dentro de la entidad estatal, en un sistema donde la opacidad oficial suele dificultar la rendición de cuentas.
