El director de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Blas Núñez Neto, indicó durante una conferencia de prensa que el programa de parole humanitario cuenta con medidas que impiden la entrada al país de represores del régimen.
Según indicó Núñez, el programa cuenta con una rigurosa evaluación de antecedentes que evita el ingreso a EEUU de personas con problemas en su historial.
“El proceso de parole humanitario está abierto a cualquier ciudadano cubano. Obviamente, cualquier ciudadano que utiliza el proceso tiene que pasar por una fuerte revisión de nuestro sistema de seguridad nacional y seguridad pública”, indicó.
Al ser cuestionado por el medio independiente CubaNet sobre las denuncias de represores en EEUU gracias al parole humanitario, el funcionario afirmó que, si algunas personas tienen problemas que requieran una investigación en su historial, “estas no podrían entrar por el proceso”.
El funcionario indicó que, desde que inició en enero de 2023, el programa de parole humanitario ha recibido alrededor de 1,5 millones de solicitudes de patrocinio para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y que 29.000 ciudadanos de la Isla han podido ingresar al país gracias a la medida migratoria.
De igual manera, Núñez indicó que el número de personas intentando ingresar de manera ilegal por la frontera ha disminuido considerablemente, en parte también por las nuevas medidas que entraron en vigor tras el fin del Título 42.
“Hay muchas mejoras y progresos en los últimos meses para lidiar con los problemas que estamos teniendo en nuestras fronteras”, agregó.
Pese a la seguridad con la que Núñez habló de la revisión de antecedentes, ciudadanos en EEUU han denunciado la llegada de personas vinculadas con el régimen, las cuales presuntamente utilizaron el programa de parole.
El citado medio independiente denunció en abril la llegada de Eduardo Velázquez Infante, presunto exoficial de la Seguridad del Estado y de las Tropas Guardafronteras.
La llegada de Velázquez fue denunciada por el licenciado en derecho Alberto Méndez Castelló, quien fue arrestado por este cuando se dirigía a Santiago de Cuba para reportar sobre la visita del entonces papa Benedicto XVI.
Durante esa detención, el denunciante asegura haber pasado 75 horas privado de su libertad por parte de la policía política.
