La justicia migratoria de Estados Unidos ordenó la deportación de Digsan García Rodríguez, exteniente de la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba (PNR) y antiguo jefe de sector en Santa Fe, municipio Playa, La Habana.
La decisión de un juez de inmigración en Nebraska se da luego de que diversas víctimas presentaran denuncias que lo señalan por presuntos abusos de autoridad, prácticas represivas y persecución contra ciudadanos cubanos.
Para ejecutar la orden de expulsión, se eligió a Guatemala como país receptor. Esa nación centroamericana tiene un convenio firmado con EEUU para recibir deportados que no son aceptados en sus países de origen.
El caso ocurre en medio de un mayor escrutinio dentro de Estados Unidos sobre antiguos integrantes de estructuras policiales, militares y de seguridad del régimen cubano que emigraron al país.
Para sectores del exilio, la orden marca un precedente, porque confirma que los testimonios documentados pueden tener consecuencias migratorias concretas.
García Rodríguez ocupó durante años el cargo de jefe de sector de la PNR en el reparto Santa Fe, una comunidad costera al oeste de La Habana. Desde esa función tenía influencia directa sobre denuncias, investigaciones locales, controles comunitarios y vínculos con órganos de seguridad del Estado.
Según varios testimonios, el exoficial habría usado esa posición para intimidar, presionar y castigar a ciudadanos considerados incómodos por las autoridades.
Activistas sostienen que no solo cumplía tareas policiales ordinarias, sino que también participaba en mecanismos de vigilancia e intimidación contra vecinos bajo su jurisdicción.
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Una de las denuncias más conocidas es la de Kamila García, quien aseguró haber sido acosada por el entonces oficial.
Según su testimonio, García Rodríguez intentó establecer una relación sexual con ella y, tras ser rechazado, inició una campaña de hostigamiento que terminó con su encarcelamiento.
La joven sostiene que el exteniente elaboró un expediente con acusaciones falsas para justificar una sanción por “peligrosidad predelictiva”. Esa figura legal permitió durante años en Cuba castigar a personas no por delitos cometidos, sino por una supuesta inclinación futura a delinquir.
En su caso, el expediente habría incluido señalamientos inventados, como el presunto robo de ropa tendida en viviendas vecinas. Con base en esa documentación, fue enviada a prisión durante dos años. Su denuncia fue difundida por activistas como ejemplo del uso arbitrario del sistema judicial cubano.
Las acusaciones contra García Rodríguez no se limitan a ese caso. Kamila García ha declarado que otras mujeres también habrían sufrido conductas similares. Según los denunciantes, el exoficial aprovechaba la autoridad del uniforme para ejercer presión sobre mujeres jóvenes de la comunidad.
Tras establecerse en Estados Unidos, García Rodríguez pasó inicialmente desapercibido. Sin embargo, activistas del exilio comenzaron a documentar la presencia de antiguos funcionarios cubanos señalados por represión, abusos y violaciones de derechos humanos. Para ello recopilaron testimonios, fotografías, documentos y declaraciones de víctimas.
El nombre del exteniente apareció en una lista remitida por el congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez al Departamento de Seguridad Nacional. Esa documentación ayudó a elevar la atención sobre su historial y contribuyó a la revisión de su situación migratoria.
