Estados Unidos anunció este jueves 20 de agosto sanciones contra nueve entidades cubanas y tres altos funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en una nueva ofensiva de la Administración de Donald Trump contra estructuras económicas y políticas controladas por La Habana.
Las designaciones fueron realizadas bajo la Orden Ejecutiva 14404 y afectan sectores como minería, metales, construcción, comercio exterior y contratación de trabajadores.
La medida incluye a ACINOX Comercial, ACOREC S.A., CORATUR S.A., TRANSIMPORT, CONSUMIMPORT, la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, METALCUBA, el Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) y el Ministerio de la Construcción (MICONS). Associated Press había informado inicialmente de diez entidades, pero corrigió posteriormente la cifra a nueve, coincidente con la relación oficial del Departamento de Estado.
Washington apunta a minería, metales y comercio estatal
La Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara fue señalada por su actividad en la extracción y procesamiento de níquel y cobalto. METALCUBA facilita, según Washington, importaciones de productos industriales pesados, incluidos combustibles especializados y componentes metálicos. GEOMINSAL desarrolla y comercializa minerales y sal, mientras ACINOX participa en la importación y exportación de productos metalúrgicos y equipos industriales.
Otras designaciones apuntan directamente a estructuras comerciales controladas por el Estado. TRANSIMPORT habría importado vehículos, repuestos y equipos industriales por más de cinco millones de dólares en los últimos años. CONSUMIMPORT comercializa productos que incluyen electrodomésticos y materiales de construcción, mientras CORATUR gestiona operaciones de comercio internacional. Las tres están vinculadas a GECOMEX, ya bloqueado bajo la misma orden ejecutiva.
Uno de los señalamientos más relevantes corresponde a ACOREC S.A., empresa que suministra trabajadores cubanos a compañías extranjeras que operan en la Isla. El Departamento de Estado asegura que existen informes según los cuales ACOREC ha retenido más del 90% de los salarios pagados por esas entidades extranjeras por la mano de obra cubana.
Tres dirigentes del ICAP quedan bajo sanciones
Washington también designó a Fernando González Llort, presidente del ICAP; Noemí Ramona Rabaza Fernández, primera vicepresidenta; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica. González Llort integró el grupo conocido como los Cinco Cubanos, compuesto por agentes de inteligencia arrestados en Estados Unidos en 1998, y regresó a Cuba después de salir de prisión en 2014.
El Departamento de Estado sostiene que las sanciones forman parte de una estrategia contra las redes internacionales impulsadas durante décadas por el Gobierno cubano. Washington las relacionó con un informe publicado el 20 de julio bajo el título “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, que acusa a La Habana de utilizar brigadas y organizaciones de solidaridad para promover sus intereses políticos en otros países.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha acusado al ICAP de mantener una red destinada a identificar, captar y radicalizar estadounidenses favorables al Gobierno cubano. La Administración Trump también vinculó esas actividades con las celebraciones realizadas en La Habana por el centenario de Fidel Castro. Varios ciudadanos estadounidenses que regresaron de esos actos fueron sometidos posteriormente a controles adicionales en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Empresas extranjeras también enfrentan riesgos
Las consecuencias de las designaciones van más allá de las entidades cubanas. Los bienes e intereses patrimoniales de las personas sancionadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados. También quedan bloqueadas las empresas que sean propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más de uno o varios sancionados. Las personas estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con esos bienes salvo autorización o exención de OFAC.
Washington advirtió además que personas y entidades extranjeras, incluidas instituciones financieras, pueden exponerse a sanciones si realizan determinadas operaciones con los designados o participan en sectores cubanos señalados por la Orden Ejecutiva 14404, entre ellos energía, defensa, metales y minería, servicios financieros y seguridad. El Gobierno estadounidense sostiene que el propósito final de estas medidas no es únicamente bloquear activos, sino presionar por un cambio de comportamiento de las personas y organismos sancionados.
