EEUU se compromete a investigar casos de familias separadas durante el parole humanitario

El subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, se comprometió a revisar los casos de familias que han sido separadas durante el proceso de parole humanitario, el cual ofrece 30.000 visas mensuales a personas de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario solicitó al periodista cubano Mario J. Pentón un listado detallado de personas que hayan sido afectadas de esta manera por el programa.

La conferencia fue organizada por el Departamento de Estado, y tuvo como objetivo el examinar la marcha del programa iniciado en enero de este año.

El problema señalado por Pentón es relativamente común en redes sociales, donde varias familias se han quejado de que algunos de sus miembros no reciben el permiso para viajar a Estados Unidos, pese a que estos se encuentran en el mismo núcleo familiar y son patrocinados por la misma personas.

Estas familias terminan separándose, pues aquellos que recibieron el permiso de viaje deben de volar a EEUU antes de que el plazo de 90 días que tiene este documento venza. Por su parte, aquellos que permanecen en la Isla se quedan esperando a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) atienda su caso.

Esta situación ha sido reportada por familias y matrimonios, en donde uno de los cónyuges debe permanecer en la Isla, mientras el otro es autorizado para volar a EEUU.

Muchos han pedido una explicación a USCIS o a las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), pero ninguna de estas entidades ha sido capaz de proveer una respuesta concreta. Debido a esto, el compromiso hecho por Nuñez-Neto representa una esperanza para que las personas que se quedaron atrás puedan reunirse con sus seres queridos en la tierra de la libertad.

Según cifras oficiales, unos 8.500 ciudadanos cubanos recibieron una de estas 30.000 visas mensuales ofrecidas durante el mes de junio. 7.800 de estos cubanos decidió ingresar al territorio estadounidense, mientras otros decidieron esperar a que se resuelvan algunos asuntos personales antes de emigrar.

Desde que este programa inició el pasado 6 de enero, 37.500 antillanos han podido ingresar a los Estados Unidos de manera legal tras una evaluación por parte de USCIS.

El programa exige que los migrantes cuenten con un patrocinador que sea residente legal en el país, el cual debe comprometerse a solventar todos los gastos de comida, vivienda y atención médica que puedan suscitarse durante el periodo de dos años que dura el parole.