La Fiscalía cubana pidió este jueves 1 de octubre de 2026 dos años de prisión para la creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y dos años de arresto domiciliario para su madre, Caridad Silvente, al concluir el juicio celebrado en el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este por la publicación de un video de un agente del Ministerio del Interior.
La petición conocida al término de la vista oral difiere de las informaciones divulgadas antes del proceso. Reportes previos indicaban que el abogado del policía querellante solicitaba dos años de limitación de libertad para cada una.
Tras el juicio, la Fiscalía planteó cárcel para Bensi y arresto domiciliario para Silvente. Además, la medida cautelar de la joven quedó modificada a reclusión domiciliaria mientras continúa el proceso judicial.
El video que originó el proceso contra Anna Bensi
El expediente se remonta al 10 de marzo, cuando un suboficial del MININT identificado como Yoel Leodán Rabaza Ramos acudió vestido de civil a la vivienda de madre e hija en Alamar.
El agente llevaba una citación relacionada con la Seguridad del Estado. Silvente grabó el encuentro y Bensi difundió posteriormente las imágenes en redes sociales. Ambas han explicado que documentaron la diligencia por razones de seguridad.
Rabaza Ramos sostuvo después que la publicación afectó su intimidad y que los comentarios generados en internet le provocaron perjuicios.
Su representación legal reclamó además que madre e hija ofrecieran una disculpa pública mediante un video.
Las autoridades procesaron a ambas por presuntos “actos contra la intimidad personal y familiar”, mientras la defensa sostiene que documentar una actuación oficial en esas circunstancias no constituye delito.
La causa había sido archivada inicialmente después de que el abogado Roberto Ortega Ortiz cuestionara la imputación, pero fue reactivada cuando el suboficial presentó personalmente una querella.
Activistas también denunciaron irregularidades procesales y señalaron que la jueza Zamira Marrero Morgado habría rechazado una solicitud de la defensa para anular el proceso por considerar que los hechos imputados no constituían delito.
Operativo policial rodeó la jornada judicial en La Habana
El juicio estuvo acompañado desde primeras horas del jueves por un amplio despliegue de agentes uniformados y vestidos de civil.
Bensi denunció vigilancia en los alrededores de su vivienda y durante el trayecto hacia el tribunal.
Periodistas, activistas y miembros de colectivos independientes también reportaron restricciones para impedirles llegar a la sede judicial.
Entre las personas detenidas estuvo el activista cristiano David Espinosa Martínez. También fue arrestado el pastor Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”, cuando se dirigía al tribunal para acompañar a las acusadas.
Un video difundido en redes mostró a varios agentes reduciendo al religioso, esposándolo e introduciéndolo en un vehículo policial.
Anna Bensi rechaza la acusación y defiende sus publicaciones
Antes de ingresar al tribunal, Bensi rechazó públicamente ser una delincuente por expresar opiniones y documentar actuaciones de funcionarios.
La creadora de contenido ha sostenido que no dejará de publicar y que volvería a grabar una situación similar si considera necesario protegerse o dejar constancia de la actuación de agentes estatales.
El caso ha provocado pronunciamientos de religiosos, organizaciones independientes y activistas. Sor Nadieska Almeida expresó solidaridad con madre e hija, mientras otros grupos han reclamado garantías de debido proceso y respeto a la libertad de expresión.
La Policía cubana, por su parte, defendió públicamente el proceso y afirmó que las redes sociales “no son un territorio sin ley”.
El tribunal deberá emitir la resolución correspondiente tras la petición de la Fiscalía. Hasta el cierre de la información disponible, no se había divulgado una sentencia definitiva.
El proceso mantiene enfrentadas dos interpretaciones: las autoridades alegan una vulneración de la intimidad del funcionario, mientras Bensi, su madre y sus defensores sostienen que el video documentó una diligencia vinculada con la Seguridad del Estado y que el caso afecta el ejercicio de la libertad de expresión.
