Florida impedirá desde el curso escolar 2027-2028 las nuevas matrículas de estudiantes en situación migratoria irregular en las universidades públicas del Estado. La Junta de Gobernadores aprobó por unanimidad la regulación el 3 de septiembre, durante una reunión en Fort Myers, como parte de una política que busca priorizar las plazas universitarias para residentes legales.
De acuerdo con un reporte publicado por EL PAÍS, la regulación afectará únicamente a las nuevas matrículas y no obligará a los estudiantes que ya cursan estudios a abandonar las universidades. La medida se aplicará a las universidades que durante los últimos dos años no hayan admitido a todos los aspirantes que cumplían con los requisitos académicos.
Florida restringe el acceso a sus universidades públicas
El gobernador Ron DeSantis respaldó la prohibición y sostuvo que las plazas deberían beneficiar a los residentes de Florida que se encuentran legalmente en el país. La decisión administrativa llega después de que una propuesta similar fracasara a comienzos de año en la Legislatura Estatal.
La nueva norma alcanza al Sistema Universitario Estatal, integrado por 12 universidades públicas, entre ellas la Universidad Internacional de Florida. Las instituciones privadas quedan fuera de la regulación, por lo que la Universidad de Miami no está incluida en la restricción.
El anuncio ocurre dos meses después de otra medida que exige demostrar estatus migratorio legal a los nuevos alumnos de las 28 instituciones del Sistema de Colegios Estatales de Florida. La disposición también afecta programas técnicos de dos años y de educación para adultos.
Críticas de organizaciones y profesores
Organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes calificaron las restricciones de discriminatorias. Thomas Kennedy, de la Florida Immigration Coalition, afirmó que la decisión perjudicará a estudiantes y podría afectar a la economía estatal al limitar su preparación profesional.
El sindicato United Faculty of Florida también rechazó la norma. Su presidente, Robert Cassanello, señaló que muchos de los afectados cursaron la educación primaria y secundaria en Florida y advirtió sobre las consecuencias para su incorporación al mercado laboral.
El sistema universitario estatal no registra actualmente el estatus migratorio de sus estudiantes. Por ello, las autoridades no disponen de una cifra oficial sobre cuántos alumnos matriculados se encuentran en situación irregular.
El impacto económico y educativo de la medida
Según estimaciones del Migration Policy Institute, cada año se gradúan en Florida unos 8.000 estudiantes de secundaria sin documentos de residencia. El estado ocupa el tercer lugar del país en esa cifra, detrás de Texas y California.
El Higher Ed Immigration Portal estimaba el año pasado más de 49.300 estudiantes en situación irregular dentro del sistema universitario de Florida, incluyendo instituciones públicas y privadas. Por su parte, el Florida Policy Institute calcula que los colegios del Estado perderán unos 15 millones de dólares anuales debido a la medida.
La restricción se suma a cambios adoptados por el Gobierno de DeSantis sobre las tarifas universitarias para estudiantes conocidos como Dreamers. En 2014, Florida les permitió acceder a tarifas especiales de residentes, pero la administración actual eliminó ese beneficio el año pasado. Con la nueva regulación, Florida se incorpora al grupo de estados que restringen el acceso a la educación superior según el estatus migratorio, junto con Alabama, Georgia y Carolina del Sur.
