Un avión de Operaciones Aéreas y Marinas (AMO) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU ayudó a la Guardia Costera a incautar aproximadamente 2.500 kilogramos de cocaína de un barco semisumergible que iba a Puerto Rico.
De acuerdo con el comunicado de AMO en su página web, el envío de cocaína tiene un valor mayorista de aproximadamente 75 millones de dólares, utilizando un precio mayorista de 30.000 dólares por kilogramo de cocaína.
El 14 de abril de 2021, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico emitió una acusación formal de cuatro cargos en la que se acusaba a tres personas de conspiración para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos como violaciones de la Ley de Interdicción de Buques de Narcotráfico (DTVIA).
En la acusación formal se acusa de que, alrededor del 8 de abril de 2021, en alta mar, los imputados Arturo González-Quiñones, Freiman Yepes-Ospina y José Álvaro Córdoba-Rentería, conspiraron para poseer con intención de distribuir cocaína, conspiraron para operar y embarcarse en una nave semisumergible sin nacionalidad, y navegar en ella hacia y por aguas más allá del límite exterior del mar territorial de cualquier país, con la intención de evadir la detección, en violación de la DTVIA.
La interdicción fue el resultado de los esfuerzos de varias agencias en apoyo de las operaciones mejoradas contra el narcotráfico del Comando Sur de los EEUU en el Hemisferio Occidental, el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Antidrogas (OCDETF) y los programas del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA) y el Caribe Corridor Strike Force (CCSF).
El CCSF de la OCDETF es un grupo de trabajo de múltiples agencias que opera en el Distrito de Puerto Rico y se enfoca en atacar elementos de comando y control del Caribe y el Sur.
La CCSF tiene como objetivo el contrabando de cargamentos de narcóticos a Puerto Rico, el transbordo de drogas a los Estados Unidos continentales, así como el lavado de las ganancias de las drogas mediante el contrabando de efectivo a granel y actividades sofisticadas de lavado de dinero.
Cargos y años de sentencia de los implicados
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una sentencia mínima obligatoria de diez años hasta cadena perpetua por los cargos de tráfico de drogas y una sentencia máxima de quince años de prisión por violaciones de la DTVIA (18 USC § 2285).
Las acusaciones contienen solo cargos y no son evidencia de culpabilidad. Se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable.
AMO protege nuestra nación al anticipar y enfrentar las amenazas a la seguridad a través de nuestra experiencia en el cumplimiento de la ley marítima y de aviación, capacidades innovadoras y asociaciones en la frontera y más allá.
Con aproximadamente 1.800 agentes federales y personal de apoyo de la misión, 240 aviones y 300 embarcaciones marinas que operan en los Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., AMO lleva a cabo su misión en los entornos aéreos y marítimos dentro y fuera de la frontera, y dentro del interior de la nación.
