Imponen multa de 400 millones de dólares a compañías de cruceros que viajaron al puerto de La Habana
La jueza federal de distrito, Beth Bloom, ordenó a cuatro líneas de cruceros de lujo que tienen su sede en Florida pagar 400 millones de dólares por haber utilizado los muelles del puerto de La Habana para sus labores turísticas.
Esta multa corresponde a reparaciones para la empresa estadounidense Havana Docks, la cual se encargaba de explotar algunos de los muelles del puerto de la capital cubana antes de ser ilegalmente expropiada por el fallecido dictador Fidel Castro en 1960.
El castigo se impuso para las compañías Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian, las cuales fueron acusadas de “actos de tráfico” y “turismo prohibido” al llevar pasajeros norteamericanos a Cuba y utilizar las instalaciones de La Habana que fueron confiscadas hace décadas por Castro.
Es importante señalar que el régimen nunca compensó a la compañía Havana Docks, esto pese a que la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó su reclamo de propiedad.
Con esto, las líneas de crucero deberán de pagar 439 millones de dólares a Havana Docks, pese a que estas se encuentran registradas fuera de EEUU. La razón de esto es porque mantienen su sede principal en el estado naranja.
Las compañías deberán pagar el monto del reclamo de propiedad original y varias décadas de interés simple. Aunque la cantidad se eleva aún más, pues la ley que castiga el uso de bienes confiscados en Cuba (Ley Helms-Burton), permite que el tribunal triplique dicho monto.
“Se han establecido los delitos de los demandados en estos casos, y el Tribunal determinó que los demandados obtuvieron cantidades significativas de ingresos, de cientos de millones de dólares cada uno, de sus actividades ilícitas de tráfico y en detrimento del demandante”, escribió Bloom, quien considera que una indemnización menor no tendría un propósito disuasorio que se desea en las compañías.
“Una indemnización menor posiblemente podría considerarse simplemente un costo de hacer negocios”, señala.
Es importante recordar que la Ley Helms-Burton, la cual permite demandar a quienes utilicen bienes que fueron confiscados por el Gobierno de Cuba, fue establecida por Bill Clinton, pero había sido suspendida por todos los presidentes estadounidenses hasta que la administración de Donald Trump la activó en 2019.
Las acciones de Trump permitieron la llegada de decenas de demandas hechas por los descendientes de aquellos propietarios cuyos bienes fueron confiscados a la fuerza por Castro. En ese sentido, Havana Docks tiene un reclamo certificado por el gobierno de EEUU por la pérdida de activos y una concesión que tenía desde 1934.
