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Más de 100 cubanos han sido sancionados por extracción ilegal de oro

Luego de varias inspecciones y operativos policiales realizados durante 2020 y hasta el cierre del primer trimestre de este año, un total de 115 cubanos han sido procesados por la extracción ilegal de oro, principalmente en las provincias de Guantánamo, Holguín y Las Tunas.

De acuerdo con Granma, Juan Ruiz Quintana, director general de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), informó que desde 2013 la extracción ilegal de minerales ha mostrado una tendencia creciente, sobre todo en los lugares donde mayormente se concentran residuos de explotaciones antiguas de yacimientos de oro, cóleras o donde existe oro aluvial, en las zonas centrales y orientales de la Isla.

En la nota no se precisa qué tipo de sanciones recibieron este centenar de personas vinculadas con la minería furtiva.

Ruiz señaló a los que practican la minería furtiva de perjuicios económicos, pero fundamentalmente de afectaciones al medio ambiente y sus recursos naturales: el suelo, los cuerpos de agua, así como la flora y la fauna.
También los hizo responsables por el “impacto negativo sobre la seguridad y la salud de las personas, pues se han reportado varios accidentes en el ejercicio de estas actividades, algunos fatales, sin la observancia de ninguna norma técnica o legal”.

Recientemente, especialistas cubanos involucrados en las investigaciones del incendio desatado en el Parque Nacional Alejandro de Humboldt señalaron a la minería ilegal artesanal como la causa del fuego que ardió desde el 17 de abril pasado y durante 22 días en un área declarada Patrimonio de la Humanidad.

El máster Maddyel Reyes de Armas, director general de la Oficina Nacional de Recursos Minerales, explicó que la extracción ilegal de recursos minerales puede tipificar como delito y enfrentarse por la vía penal, pero “también constituye una contravención, por la que pueden imponerse multas y el decomiso de los minerales e instrumentos que sirvieron para cometer la infracción”.

Reyes citó al Granma “un plan gubernamental para la prevención y enfrentamiento a los delitos e ilegalidades que afectan los recursos naturales, liderado por el Ministerio del Interior”, pero añadió que necesita “fortalecer la labor de los equipos y dotarlos de los recursos materiales y humanos necesarios, así como de herramientas organizativas que posibiliten un desempeño más eficiente y sistemático”.

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