USCIS acumula más de 348.000 solicitudes pendientes bajo la Ley de Ajuste Cubano, según cifras correspondientes a febrero de 2026 citadas por el analista migratorio David Bear y comentadas por el abogado Ismael Labrador.
El dato genera preocupación entre miles de cubanos en Estados Unidos, muchos de ellos en espera de una decisión sobre su residencia permanente tras cumplir los requisitos legales establecidos por esa norma.
De acuerdo con la información divulgada, el atraso afecta a cubanos y familiares de cubanos que buscan regularizar su estatus migratorio mediante el ajuste cubano.
La cifra más alarmante es que, en febrero de 2026, USCIS habría procesado solo una decena de solicitudes, pese a tener más de 348.000 casos acumulados. Más de 302.000 expedientes llevarían más de seis meses sin respuesta.
El abogado Ismael Labrador calificó la situación como un “escándalo” y sostuvo que el gobierno de Estados Unidos no estaría tomando con seriedad la emisión de beneficios bajo la Ley de Ajuste Cubano.
A su juicio, las demoras han creado un daño considerable dentro de la comunidad inmigrante, especialmente entre personas que permanecen sin residencia y, en algunos casos, sin permiso de trabajo.
Labrador afirmó que estos datos podrían reforzar demandas legales contra USCIS por los retrasos en los procesos migratorios. Según explicó, no se trata solo de casos individuales, sino de un daño generalizado que afecta a cientos de miles de solicitantes. En su opinión, una demanda colectiva con numerosos afectados puede mostrar con mayor fuerza el impacto real de la demora.
El abogado insistió en que los solicitantes no están pidiendo un beneficio discrecional fuera de la ley, sino una respuesta sobre procesos ya presentados.
“La ley dice que me la tienes que dar”, señaló al referirse a quienes cumplen los requisitos y no tienen impedimentos legales, como antecedentes criminales u otras causales de inadmisibilidad.
Durante el análisis del periodista Mario Pentón, también se abordó una carta enviada por la congresista María Elvira Salazar a la administración del presidente Donald Trump.
En el documento, la legisladora pidió atender la situación de miles de cubanos liberados en la frontera con el formulario I-220A, un documento que ha dejado a muchos migrantes fuera del acceso directo a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Salazar criticó el manejo de la administración de Joe Biden, al señalar que algunos cubanos recibieron parole y otros fueron liberados con I-220A, pese a encontrarse en circunstancias similares. La congresista solicitó una vía de “parole in place” para este grupo, aunque el análisis aclaró que la carta no garantiza una solución inmediata.
El abogado alertó que muchos cubanos con I-220A están recibiendo fechas de corte cercanas, incluso para agosto o septiembre de 2026. Por ello, recomendó buscar asesoría legal urgente, preparar con rigor los casos de asilo y monitorear a diario el sistema de la corte migratoria. También pidió actualizar direcciones ante USCIS para evitar la pérdida de notificaciones o permisos de trabajo.
Labrador reiteró que un I-220A no equivale, hasta ahora, a un parole válido para acogerse automáticamente a la Ley de Ajuste Cubano.
Por esa razón, insistió en que cada caso debe evaluarse de forma individual y que los migrantes no deben confiarse ni dejar pasar los plazos. La recomendación central fue actuar con rapidez, documentar cada trámite y tomar en serio la defensa migratoria.
