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Migrantes que entren de manera ilegal a EEUU enfrentarán consecuencias graves

Mediante un comunicado oficial compartido en redes sociales, la Embajada de los Estados Unidos en La Habana informó sobre las graves consecuencias que enfrentarán los migrantes que traten de llegar al país norteamericano de manera irregular.

La advertencia llega luego de que la administración de Joe Biden finalizara este 11 de mayo el Título 42, el cual permitía la expulsión inmediata de migrantes por motivos de la pandemia de COVID-19.

Con el fin de esta normativa, entró en vigor el Título 8, el cual implementa sanciones graves a aquellos que ingresen al país sin una base legal para hacerlo. Esta ley se enfoca en el procesamiento acelerado de casos y en la deportación rápida de aquellos migrantes.

De igual manera, el Título 8 establece una prohibición de al menos cinco años, durante la cual los migrantes no podrán ingresar a EEUU, incluso si desean optar por una vía legal en el futuro. De intentarlo múltiples veces, la persona enfrentaría un encausamiento criminal.

La Embajada de EEUU en Cuba recalco además que los balseros que sean interceptados en el mar quedarán inhabilitados indefinidamente de obtener una visa a través del programa de parole humanitario.

 

La sede diplomática aclaró también que ha iniciado una campaña mediática para contrarrestar las mentiras compartidas por los traficantes de personas, los cuales aseguran que la frontera de EEUU quedó abierta tras el fin del Título 42, algo muy lejos de la realidad.

 

Esta campaña resalta las consecuencias que enfrentarán los migrantes al ingresar al país de manera ilegal, así como lo riguroso de las nuevas medidas de seguridad en la frontera, la cual ha visto la movilización de más de 1.500 tropas militares en las últimas semanas.

Estos recordatorios llegan a solo días de que la Embajada de EEUU en La Habana compartiera un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el cual recordaba que los cubanos con órdenes finales de deportación serían puestos bajo custodia antes de ser enviados de regreso a la Mayor de las Antillas.

“Esta medida forma parte de las leyes migratorias vigentes y solo el Congreso tiene la autoridad para modificarlas”, advirtió el DHS.

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