Miles de migrantes se quedan sin audiencias de fianza por nuevas medidas en EEUU

Cientos de miles de inmigrantes irregulares en Estados Unidos, incluidos muchos cubanos, quedarán sin derecho a audiencias de fianza durante sus procesos de deportación. Esta medida, impulsada por la administración de Donald J. Trump, podría extenderse por meses o incluso años.

Según explicó el diario The Washington Post, el memorando que establece esta política fue firmado por Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y exige que los inmigrantes que ingresaron de manera ilegal permanezcan detenidos hasta que concluyan sus procedimientos migratorios.

Medida que afecta a inmigrantes bajo la administración de Biden

Esta decisión no solo afecta a aquellos que cruzaron la frontera durante el gobierno de Trump, sino que también involucra a personas que lo hicieron durante la administración de Joe Biden. El nuevo enfoque elimina una opción clave: la posibilidad de esperar los procedimientos judiciales fuera de los centros de detención, bajo fianza.

La directriz subraya la estrategia de la administración Trump para aumentar el número de detenciones, con el objetivo de facilitar las deportaciones, ya que resulta más sencillo deportar a aquellos que están bajo custodia de ICE.

Sin embargo, la medida enfrenta un serio reto logístico, ya que Estados Unidos no dispone de suficientes camas en los centros de detención para albergar a tantos migrantes.

Dudas sobre su implementación práctica

El reto es aún mayor cuando se considera la capacidad limitada de los centros de detención de ICE. Expertos temen que esta medida sea difícil de ejecutar, ya que las instalaciones no tienen la capacidad para manejar el volumen de inmigrantes afectados. La situación plantea dudas sobre la forma en que se aplicará esta directriz en la práctica.

Otra medida que acompaña esta directriz establece que ICE podrá deportar a inmigrantes a países donde no son ciudadanos con solo seis horas de anticipación.

En algunos casos, los deportados ni siquiera recibirán notificación previa. Esta normativa ha generado controversia, ya que impide que los migrantes puedan evaluar el riesgo que podrían enfrentar al ser enviados a terceros países.

Según el memorándum, si un país receptor no puede garantizar seguridad para los migrantes, ICE solo estaría obligado a notificarlos con 24 horas de antelación, y en situaciones urgentes, este plazo podría reducirse a seis horas.

El peligro de la política para los migrantes

Abogados especializados en inmigración han calificado la medida como peligrosa e injusta. Argumentan que el tiempo otorgado a los migrantes para valorar el riesgo al que pueden estar expuestos es insuficiente.

De igual manera, señalan que ICE podría estar violando el derecho de los migrantes a solicitar una entrevista para determinar si temen regresar a su país de destino, una protección consagrada por las leyes estadounidenses.