La administración de Donald J. Trump ha intensificado su enfoque en la deportación de migrantes irregulares, con el objetivo de aumentar a 100.000 las capacidades de los centros de detención del país.
Esta medida forma parte de la promesa presidencial de llevar a cabo la mayor campaña de deportación en la historia de los Estados Unidos.
Actualmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuenta con alrededor de 54.000 camas disponibles en sus centros de detención, cifra que espera duplicar para responder a un ritmo creciente de arrestos.
La iniciativa se enfrenta a la presión de lograr un mínimo de 3.000 arrestos diarios, una meta impulsada por el asesor presidencial Stephen Miller. A día de hoy, el ICE ya ejecuta entre 1.500 y 2.000 arrestos diarios, con apoyo de agencias como la Patrulla Fronteriza, la DEA y el FBI.
Los esfuerzos por aumentar la capacidad de detención incluyen la expansión de infraestructuras existentes, así como la conversión de instalaciones militares en centros de detención. Incluso se contempla el alquiler de espacio en cárceles locales gestionadas por empresas privadas.
Este incremento de la infraestructura busca asegurar que el proceso de deportación se realice de manera expedita.
Una de las tácticas más recientes utilizadas por ICE consiste en realizar arrestos durante las audiencias judiciales de migrantes que se presentaron para resolver sus solicitudes de asilo.
Cuando un juez desestima su caso, los agentes aprovechan la ocasión para detenerlos. Esta estrategia ha sido vista como una forma de maximizar las deportaciones, aprovechando las oportunidades que surgen durante el proceso judicial.
El clima político se ha intensificado, con protestas violentas estallando en Los Ángeles tras las recientes redadas de ICE.
El fin de semana pasado, 56 personas fueron arrestadas durante manifestaciones que comenzaron pacíficamente pero rápidamente se tornaron violentas, con vehículos incendiados y barricadas en las calles.
El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió con municiones no letales, declarando la zona como una “asamblea ilegal”. Durante los disturbios, varios agentes fueron atacados con cócteles Molotov.
