La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en primera legislatura una reforma parcial a la Constitución que amplía de seis a siete años los mandatos de los principales cargos públicos y modifica las reglas de participación política.
La medida, aprobada el 2 de septiembre de 2026 por el Parlamento controlado por el oficialismo, aplaza las próximas elecciones generales hasta noviembre de 2028 y afecta directamente a Daniel Ortega, Rosario Murillo y otras autoridades del Estado.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Ortega y Murillo. La reforma aún necesita una segunda votación legislativa para completar el proceso constitucional, etapa que el oficialismo convocó para iniciar el 18 de enero de 2027.
Reforma amplía periodos de Ortega, Murillo y otros funcionarios públicos
El cambio principal establece que los periodos de la presidencia, vicepresidencia, diputados, alcaldes y otros funcionarios pasarán de seis a siete años. La modificación también incluye a las autoridades de instituciones de seguridad del Estado, como las jefaturas del Ejército y la Policía Nacional.
Con esta medida, el calendario electoral nicaragüense queda alterado y los próximos comicios generales serán celebrados en noviembre de 2028, un año después del periodo previsto anteriormente.
El Gobierno de Nicaragua sostiene que la reforma busca reorganizar el funcionamiento institucional y actualizar el sistema político del país. Sin embargo, sectores opositores y organizaciones internacionales han cuestionado los cambios y aseguran que fortalecen el control del Ejecutivo sobre las instituciones.
La reforma constitucional ocurre en medio de cuestionamientos internacionales sobre la situación política en Nicaragua y las denuncias por restricciones contra opositores y organizaciones civiles. En meses recientes, el régimen de Daniel Ortega también anunció la liberación de algunos presos políticos tras presiones externas.
Nuevas restricciones afectan la participación de opositores
La reforma incorpora además limitaciones para quienes aspiren a cargos de elección popular o funciones públicas. La norma establece impedimentos para personas consideradas por las autoridades como “traidores a la patria” o vinculadas con intentos de golpe de Estado, acciones contra la estabilidad nacional o apoyo a sanciones internacionales.
Los críticos del Gobierno señalan que esta medida podría ser utilizada para impedir la participación de dirigentes opositores y reducir la competencia electoral en futuros procesos.
La oposición nicaragüense y organismos internacionales han advertido que las nuevas disposiciones llegan en un contexto marcado por denuncias de persecución contra opositores, activistas y organizaciones civiles.
Consejo Supremo Electoral recibe nuevas facultades
La reforma también aumenta las atribuciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), institución encargada de organizar los procesos electorales en Nicaragua.
Entre sus nuevas funciones estaría la capacidad de sancionar partidos políticos y cancelar su personalidad jurídica, especialmente cuando existan vínculos con financiamiento extranjero.
Opositores y analistas han expresado preocupación debido a los antecedentes del CSE, señalado por decisiones que afectaron la participación de partidos y candidatos críticos del oficialismo.
La modificación constitucional deberá ser ratificada en una segunda legislatura antes de entrar en vigor. Mientras el Gobierno avanza con el procedimiento legal, sus detractores sostienen que los cambios concentran más poder en las autoridades actuales y reducen las garantías para una competencia política abierta en Nicaragua.
