El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la ley HB 915 con el objetivo de frenar el fraude notarial y proteger legalmente a inmigrantes, incluidos los indocumentados.
La normativa, que entra en vigor el 1º de julio de 2025, prohíbe a notarios públicos que no son abogados ofrecer o anunciar servicios legales en materia migratoria.
La ley obliga a incluir el siguiente aviso en anuncios y oficinas.
“No soy abogado con licencia para ejercer la abogacía y no puedo dar asesoramiento legal ni aceptar honorarios por asesoramiento legal. no estoy acreditado para representarlo en asuntos de inmigración”.
También prohíbe el uso de expresiones como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, consideradas confusas o engañosas.
Además, se establece un mecanismo legal para que las víctimas de estas prácticas puedan demandar por daños, incluyendo la recuperación de honorarios legales.
La HB 915 fue impulsada por legisladoras demócratas y aprobada con apoyo bipartidista. Solo el republicano Kiyan Michael votó en contra.
Michael, quien se ha manifestado repetidamente contra la inmigración ilegal, argumentó que su oposición se debe a la muerte de su hijo en un accidente causado por un inmigrante previamente deportado. A pesar de esto, la ley fue respaldada por sectores conservadores y religiosos.
“Los inmigrantes que intentan trabajar dentro del sistema estarán mejor protegidos contra el fraude. Esto es bueno para todos”, señaló Michael Sheedy, director de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida.
Organizaciones proinmigrantes también apoyaron la medida.
“Es un paso en la dirección correcta”, afirmó Thomas Kennedy, de la Florida Immigrant Coalition.
Explicó que el fraude notarial ha sido común en el sur y centro de Florida, afectando a personas en situación vulnerable.
