El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y los líderes legislativos estatales han logrado un acuerdo en materia migratoria tras un intenso periodo de negociaciones y discrepancias políticas que duró semanas.
La decisión se formalizó en una tercera sesión extraordinaria, en la que se acordó la implementación de medidas más estrictas contra la inmigración irregular, así como la asignación de nuevos recursos para la aplicación de las leyes migratorias.
Entre los puntos acordados, se destacan sanciones más rigurosas para inmigrantes indocumentados involucrados en delitos y la negación automática de libertad bajo fianza a quienes sean arrestados en situación irregular.
Asimismo, se invertirán 46 millones de dólares en la creación de una nueva estación de interdicción en la Interestatal 10, ubicada en el Panhandle de Florida, donde se contratarán 84 agentes adicionales.
Otro aspecto clave del acuerdo es la reformulación del programa estatal de transporte de migrantes, que será reemplazado por un sistema en el que los traslados solo se efectuarán bajo orden federal, garantizando la devolución total de los costos a los contribuyentes estatales.
Algunas de las propuestas iniciales impulsadas por el gobernador no lograron avanzar en el legislativo. La iniciativa de limitar el envío de remesas al extranjero fue rechazada, al igual que la intención de eliminar el acceso a matrícula universitaria estatal para los Dreamers, medida que continuará vigente.
Principales disposiciones del acuerdo:
- Endurecimiento de sanciones contra inmigrantes indocumentados involucrados en actos delictivos.
- Destinación de más de 250 millones de dólares a agencias de seguridad para reforzar el cumplimiento de normativas migratorias.
- Otorgamiento de incentivos económicos a agentes que colaboren con operativos del ICE.
- Creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, integrada por el gobernador y miembros del gabinete estatal, para supervisar la administración de fondos destinados a políticas migratorias.
El cambio de tono en las negociaciones fue evidente cuando DeSantis reconoció el trabajo conjunto con los líderes legislativos y calificó la nueva legislación como una iniciativa «agresiva» contra la inmigración irregular.
Conflictos y tensiones en el debate
El camino hacia este acuerdo estuvo marcado por fricciones entre el gobernador y la legislatura. Durante la primera sesión especial, DeSantis propuso medidas que ampliaban la participación del estado en el control migratorio, pero el legislativo optó por una estrategia propia, lo que provocó amenazas de veto por parte del mandatario.
Danny Pérez, presidente de la Cámara de Representantes y representante de Miami-Dade, defendiendo la independencia del poder legislativo, declaró: “Reivindicamos nuestro derecho, como representantes elegidos por el pueblo, a sentarnos a la mesa en pie de igualdad, a participar en una conversación y no a recibir instrucciones”.
Uno de los principales desacuerdos giró en torno a quién debería liderar los esfuerzos migratorios. Inicialmente, la legislatura propuso que el comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, asumiera el cargo, mientras que DeSantis insistía en centralizar el control en su oficina. Finalmente, se creó una junta supervisora en la que el gobernador mantendrá el mando principal, pero se incluirán otros miembros del gabinete.
“El acuerdo al que llegamos hoy establece que habrá un grupo encargado de supervisar estas políticas y los presupuestos asignados a la policía local. El gobernador tendrá la autoridad principal, pero el board incluirá a todos los miembros del gabinete”, explicó al respecto Juan Porras, representante estatal republicano.
Rechazo de la oposición
El acuerdo ha generado fuertes críticas por parte de los legisladores demócratas, quienes cuestionan las prioridades presupuestarias del estado.
“¿Cómo es posible que la legislatura y el gobernador aporten casi 300 millones de dólares para resolver este problema, pero no hagan nada para reducir el costo de los bienes y servicios en Florida?”, cuestionó Fentrice Driskell, líder de la minoría demócrata.
Desde la oposición también se argumenta que la inmigración es un tema de competencia federal y que las políticas estatales no deberían interferir en este ámbito.
