La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el municipio de Jovellanos, en Matanzas, ha identificado la venta ilegal de piezas que fueron aparentemente sustraídas del parque fotovoltaico en construcción, algo que ha preocupado a las autoridades castristas.
Entre los materiales robados se encuentran tornillos específicos utilizados en el ensamblaje de estructuras y paneles solares, los cuales fueron detectados en el mercado informal.
La mayor Yadira Prieto Vega, jefa de instrucción del Ministerio del Interior (MININT), explicó que especialistas del parque lograron identificar los componentes robados, ya que estos no tienen otra vía de comercialización legal.
“Se están utilizando en el ensamblaje, tanto de las mesas como de la instalación de los paneles solares directamente”, declaró la oficial en el Noticiero de la Televisión Cubana.
A pesar de las investigaciones en curso, aún no se ha determinado cómo se produjo el robo ni quiénes están detrás de la sustracción y reventa de los materiales. Hasta el momento, solo se ha logrado recuperar una parte de los tornillos desaparecidos.
“Se ha parado ‘hasta cierto punto’ la venta en los puntos de venta ilegales; aún nos quedan muchos otros que hay que ubicarlos. Ellos tienen que comercializar según los requisitos de los trabajadores por cuenta propia, pero no precisamente los que vengan del mercado negro”, añadió Prieto Vega.
El fiscal jefe del departamento de procesos penales de la Fiscalía General en Matanzas, Ilíac Castellanos, advirtió que los responsables podrían enfrentar cargos por sabotaje, una acusación grave debido a la afectación del sistema electroenergético nacional.
Para evitar retrasos en la puesta en marcha del parque fotovoltaico, prevista para los primeros meses del año, la Unión Eléctrica ha sustituido los materiales robados con nuevos suministros.
Este caso se suma a otros incidentes recientes que afectan la infraestructura energética y de servicios en Cuba. En diciembre, se reportó el robo de paneles solares destinados a alimentar los sistemas de bombeo de agua en comunidades rurales de Las Tunas, donde la falta de acceso al líquido afecta gravemente a la población.
En un período de seis meses, se registraron al menos ocho robos en los municipios de Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa, dejando sin suministro a varias localidades y complicando la reposición de equipos. En algunos casos, los habitantes han tenido que recurrir nuevamente a métodos tradicionales para obtener agua.
A pesar de los esfuerzos por reforzar la seguridad mediante acuerdos de cooperación con vecinos y la implementación de guardias locales, los robos continúan sin esclarecerse y los bienes sustraídos no han sido recuperados.
