La administración del presidente entrante Donald J. Trump, la cual inicia este lunes 20 de enero, tiene previsto implementar un plan agresivo de control migratorio desde su primer día de su mandato, el cual incluirá operativos de arresto y deportación de inmigrantes en situación irregular, enfocados particularmente en aquellos con antecedentes criminales.

Según medio internacionales, la ciudad de Chicago ha sido señalada como el epicentro inicial de estas acciones, aunque se extenderán a otras urbes clave a través de las 24 oficinas de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Entre las iniciativas, se encuentra la reactivación del “Título 42”, una disposición que permitió expulsiones inmediatas durante la pandemia, y la reinstauración del programa “Permanecer en México”, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos fuera de Estados Unidos. Kristi Noem, nominada como Secretaria de Seguridad Nacional, anunció además la eliminación de CBP One, una aplicación utilizada para gestionar trámites migratorios, como parte de una estrategia para endurecer las políticas de frontera.

Colaboración estatal y militarización

En el ámbito estatal, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha revelado planes para reforzar la cooperación entre autoridades locales y federales en la aplicación de leyes migratorias. Su propuesta incluye otorgar facultades a las policías locales para detener y deportar a inmigrantes indocumentados y aplicar penalizaciones estatales contra la inmigración irregular.

El uso de la Guardia Nacional también ha sido planteado como una posible herramienta en los operativos, generando críticas por la percepción de militarización en la gestión migratoria.

Un enfoque centralizado en Chicago

El nuevo “zar de la frontera” de Trump, Tom Homan, informó que las operaciones comenzarán el 21 de enero en Chicago, con un despliegue significativo de agentes de ICE. Homan instó al alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois a cooperar, advirtiendo posibles repercusiones legales si se obstaculizan los operativos. Estas acciones se centrarán en la deportación de inmigrantes con órdenes previas de expulsión y en la detención de solicitantes de asilo rechazados.

Homan subrayó que, aunque no se busca separar familias, las leyes migratorias se aplicarán rigurosamente. Esta postura representa un choque directo con las políticas de «ciudades santuario» en estados como Illinois, donde se limitan las colaboraciones con agencias federales.

El ambicioso plan enfrenta importantes desafíos. La capacidad de ICE para albergar a los detenidos es insuficiente, ya que se necesitarían más de 100.000 camas diarias, superando con creces la infraestructura actual. Además, la aprobación de los fondos necesarios dependerá de negociaciones en un Congreso dividido, donde será esencial lograr acuerdos bipartidistas.

La estrategia también ha generado críticas éticas y legales, particularmente en casos que involucren a familias con hijos nacidos en Estados Unidos. Grupos de derechos humanos han advertido sobre el impacto desestabilizador de estas medidas, tanto a nivel social como humanitario.

A nivel internacional, estas políticas podrían tensar aún más las relaciones con México y otros países de América Latina, mientras que dentro de Estados Unidos se prevé un aumento de las tensiones en comunidades locales, especialmente en áreas urbanas donde los operativos podrían intensificarse.

Aunque las propuestas han sido calificadas por algunos como draconianas, para Trump y sus aliados representan un esfuerzo por lo que consideran la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, en un contexto marcado por profundas divisiones políticas y sociales.