Por nuevo Decreto-Ley se establecen multas por violación a los “precios justos” en Cuba
El Gobierno de Cuba estableció multas contra quienes presuntamente violan los llamados “precios justos”.
En un nuevo esquema de esta represiva política, el castrismo publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 8, un nuevo Decreto-Ley 30, donde se establece que aquellos cubanos que se consideren “violadores de precios” podrían ser multados con cinco mil y 15 mil pesos cubanos, cifras que para muchos es “absurda” y solo busca sembrar miedo.
El Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), organismo que supuestamente vela por el bienestar de los trabajadores pero solo responde a los intereses del régimen, detalló que la normativa es para “combatir” a las personas que presuntamente se “aprovechan” para establecer precios altos a los productos y servicios.
Vladimir Reguerio Ale, viceministro primero de Finanzas y Precios, detalló que además este Decreto-Ley actualiza las sanciones preestablecidas.
Dicha sanción entró en vigor desde el pasado viernes 29 de enero de 2021 y será aplicada tanto a entidades estatales como particulares, a la vez que conllevarán la imposición de multas, el decomiso y la venta forzosa, según la gravedad del hecho.
Sin embargo, para nadie es un secreto que la mayoría de los inspectores se mantendrán en un constante acoso contra el sector privado del país, mismo que es clave para la recuperación de la economía.
Multas para comerciantes que tengan “falta en productos”
Se informó además que las multas antes mencionadas también se establecerán a los comerciantes que les falten partes o accesorios de sus mercancías, y también a los que ofrecen servicios con afectación en su calidad.
“Con multas de ocho mil y 10 mil pesos serán sancionados los violadores de las tarifas aprobadas, así como las personas que retengan, reserven, aplacen o no pongan a la venta los productos destinados a la comercialización minorista a la población”.
La multa máxima, de 12 mil a 15 mil, estará destinada para los ciudadanos que no “rectifiquen sus errores luego de ser sancionados”.
