Régimen amenaza con cárcel a quienes muestren desobediencia en redes sociales
Para muchos, la implementación de normativas ambiguas y castigos desproporcionados son solo una herramienta más para fomentar la censura en la Isla
En la más reciente emisión del programa televisivo Hacemos Cuba, el régimen castrista lanzó una advertencia contra los ciudadanos que publiquen en redes sociales contenido que, según sus parámetros, atente contra la “moral revolucionaria”.
Durante el espacio conducido por el vocero del régimen, Humberto López, funcionarios del Ministerio de Comunicaciones y la Fiscalía General expusieron la necesidad de reforzar el control sobre el entorno digital, calificando como un acto de “desobediencia” cualquier publicación que desafíe el discurso oficialista.
López, quien también integra el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), destacó que el Estado cuenta con herramientas legales para sancionar a quienes realicen “publicaciones indebidas” en Internet.
Las penalizaciones pueden ir desde multas hasta la confiscación de dispositivos electrónicos e incluso penas de privación de libertad.
Durante el programa, se abordó la aplicación de normativas vigentes como el Decreto 35 y el Decreto-Ley 370, regulaciones que establecen sanciones contra quienes difundan información considerada “contraria al interés social” o “lesiva a la dignidad humana”. Se insistió en la necesidad de restringir las críticas contra instituciones estatales y altos dirigentes políticos.
Representantes del Ministerio de Comunicaciones explicaron que sus inspectores están facultados para imponer multas que oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos cubanos (CUP), aunque no descartaron el incremento de estos montos para reforzar su efecto disuasorio.
Además, reiteraron que podrán confiscar teléfonos y otros equipos electrónicos utilizados en la difusión de contenidos considerados “ilegales”.
El programa también enfatizó la severidad del Código Penal aprobado en 2019, el cual agrava las penas por delitos como “desobediencia”, “desorden público” y “difamación”, cuando estos se cometen a través de plataformas digitales.
En este contexto, se recordó que la publicación de mensajes considerados “subversivos” o críticos hacia figuras del poder, como Miguel Díaz-Canel o Raúl Castro, puede acarrear condenas de hasta cinco años de prisión.
López mencionó, además, la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Comunicación Social como mecanismos adicionales para restringir la divulgación de información sin consentimiento, justificando que tales normativas buscan “preservar el respeto” en los espacios digitales. Sin embargo, críticos del gobierno argumentan que estas medidas no son más que herramientas de censura y represión política.
Con la implementación de normativas ambiguas y castigos desproporcionados, el régimen pretende infundir miedo entre la población, desalentando el debate político y cualquier forma de disidencia.
El endurecimiento del control sobre el acceso a la información y la libre expresión refuerza la sensación de vigilancia permanente, limitando la posibilidad de un diálogo abierto y genuino dentro de la sociedad cubana.
A través de estas estrategias, el aparato estatal busca consolidar su dominio sobre la narrativa pública, evitando cualquier cuestionamiento a su gestión y perpetuando la represión como herramienta de control contra aquellos que busquen denunciar las violaciones cometidas por la dictadura castrista.
