El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó un nuevo mecanismo para evaluar a las familias que soliciten financiamiento estatal para reconstruir o reparar sus viviendas, según la Resolución 10/2026 publicada en la Gaceta Oficial No. 44.
La medida, derivada de un acuerdo del Consejo de Ministros adoptado en marzo, busca definir qué núcleos familiares carecen de recursos suficientes para asumir obras constructivas, en un país marcado por el deterioro del fondo habitacional y la escasez de materiales.
La norma reemplaza la Resolución 22/2022, que regulaba hasta ahora los criterios para otorgar subsidios vinculados a acciones constructivas.
El cambio llega cuando Cuba arrastra un déficit superior a 929.000 viviendas, mientras miles de inmuebles permanecen en mal estado por falta de mantenimiento, abandono institucional y una producción estatal incapaz de cubrir la demanda.
Nuevo procedimiento para evaluar a las familias
Según la disposición, las Direcciones Municipales de Trabajo y Seguridad Social asumirán las investigaciones socioeconómicas de los solicitantes. El proceso comenzará cuando las Direcciones Municipales de la Vivienda remitan cada expediente para su revisión.
Un funcionario designado tendrá 15 días hábiles para emitir el dictamen. La evaluación deberá incluir la composición del núcleo familiar, sus condiciones sociales, el estado técnico del inmueble o la carencia de vivienda, además de los ingresos reales disponibles.
La resolución establece una fórmula para calcular la capacidad económica del hogar. Primero se suman todos los ingresos de la familia.
Después se restan gastos, deudas, créditos bancarios, embargos, pensiones alimenticias e impuestos. La cifra final se divide entre la cantidad de convivientes para determinar el ingreso per cápita.
Límite de ingresos para recibir financiamiento estatal
El umbral general quedó fijado en 2.100 pesos cubanos mensuales por persona. En casos de vulnerabilidad acreditada, el límite podrá subir hasta 3.234 pesos.
Esas cifras contrastan con el costo actual de cualquier reparación en la Isla. La inflación, el desabastecimiento y la dependencia del mercado informal han convertido materiales básicos como cemento, acero, áridos o piezas de carpintería en productos difíciles de conseguir para muchas familias.
La nueva regla también excluye a los hogares donde vivan personas en edad laboral que no trabajen y que, según las autoridades, tengan capacidad para incorporarse al empleo. Los ingresos deberán comprobarse con certificaciones laborales, declaraciones juradas o documentos de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, en especial para trabajadores por cuenta propia y productores agropecuarios.
Crisis de vivienda en Cuba
La regulación aparece mientras la construcción de viviendas mantiene resultados inferiores a los planes oficiales. El deterioro acumulado del fondo inmobiliario, la falta de insumos y la limitada capacidad estatal agravan una crisis que golpea con más fuerza a familias de bajos ingresos.
Aunque el nuevo procedimiento ordena la evaluación de los casos, no resuelve el problema de fondo: la falta de materiales, financiamiento real y capacidad constructiva. Para muchos cubanos, acceder a una vivienda segura sigue dependiendo de trámites largos, recursos escasos y decisiones administrativas del propio aparato estatal.
