Régimen regulará a los ciudadanos que tengan deudas con la ONAT
De esta manera, las autoridades evitarán que estas personas puedan salir de Cuba hasta que paguen todos los impuestos que deben
Las autoridades castristas implementaron un programa que regula la salida del país a personas que no hayan pagado sus impuestos.
Esta medida se logra a través de un convenio entre la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior (Minint).
En ese sentido, el organismo de recaudación tributaria pasaría los nombres de los deudores al DIIE, para que este impida su salida del país cuando estos acudan a los aeropuertos para abordar sus vuelos.
La categoría conocida como “regulados” ha sido utilizada por años para reprimir a la oposición cubana, evitando que personas conocidas por su disidencia, así como médicos y otros profesionales, puedan salir del país.
Ahora, este estado se extiende a cualquier cubano que le deba dinero a la ONAT, lo que refleja la grave situación en la que se encuentra el gobierno cubano, mismo que está haciendo lo posible por captar todo el dinero que pueda, en especial cuando no hay garantía de que estas personas planeen regresar a la Isla.
Yudith Navarro Ricardo, quien se encuentra a cargo del departamento de cobranza de la ONAT, indicó a la prensa estatal que, desde que se puso en vigor dicha medida, se ha evitado la salida de 600 personas que le debían a la entidad, señalando que estas personas no podrán salir del país hasta que paguen los impuestos que deben.
De momento, se desconoce la cantidad que una persona tiene que deberle a la ONAT para que esta alerte al Minint, pues Navarro se limitó a decir que las alarmas se activan cuando el adeudo es “significativo”.
Según la funcionaria castrista, esta medida se ampara en la Ley No.113 del Sistema Tributario, la cual otorga a la ONAT la capacidad de sancionar a aquellos que incumplan con sus obligaciones fiscales en la Isla. Dichas sanciones varían desde recargos y multas hasta el embargo de cuentas bancarias, cierre de establecimientos y el retiro de incentivos fiscales.
En los casos más extremos, la ONAT puede acusar al contribuyente del cargo de “evasión fiscal”, en caso de que este se niegue a pagar, una pena que incluyen multas y privación de libertad.
