Al menos 15 personas fueron detenidas esta semana en Marianao, La Habana, tras participar en una manifestación pacífica contra los apagones y la escasez de agua, según denunció la organización independiente Cubalex.
El hecho ocurrió el miércoles 8 de octubre en el barrio Santa Felicia, donde vecinos salieron a la calle a reclamar servicios básicos que el gobierno lleva meses sin garantizar.
Cubalex informó que, luego de la protesta, los manifestantes fueron trasladados al centro de detención conocido como VIVAC, bajo custodia de la Seguridad del Estado.
Hasta ahora no se conoce la identidad de los arrestados ni su situación legal, un patrón que la ONG ha documentado repetidamente en casos de represión política.
Entre las víctimas de esta nueva ola de arrestos se encuentra el activista Liván Gómez Castillo, coordinador en La Habana del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), quien fue apresado sin pruebas y acusado falsamente de organizar la manifestación y de colocar carteles en las calles de Marianao.
Cubalex señaló que Gómez fue liberado al día siguiente, luego de que los agentes revisaran grabaciones y confirmaran que no había estado presente en el lugar. Pese a ello, fue amenazado con prisión si las autoridades logran vincularlo con las protestas.
La organización advirtió que el régimen continúa usando la intimidación, la vigilancia y la criminalización de la protesta pacífica como herramientas para silenciar cualquier expresión de descontento ciudadano.
En el caso de Santa Felicia, testigos relataron que los vecinos salieron a tocar calderos y bloquearon la avenida 51, cansados de los cortes eléctricos, la falta de agua y el deterioro generalizado de las condiciones de vida.
Poco después, la Policía Nacional Revolucionaria intervino con violencia y realizó múltiples detenciones.
La manifestación de Marianao se suma a una serie de protestas que han tenido lugar en los últimos meses en distintos puntos de la capital, incluyendo Centro Habana, Cerro, Habana del Este y La Habana Vieja, donde la población denuncia la ausencia de soluciones ante la crisis energética y alimentaria.
Sin embargo, el gobierno insiste en negar la existencia de manifestantes presos y descalifica los informes internacionales que documentan la represión.
“Ni siquiera uno”, respondió el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, cuando fue cuestionado sobre los encarcelamientos por motivos políticos, desestimando los reportes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
Pero los datos de Prisoners Defenders contradicen esa versión: Cuba cerró agosto con 1,185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta en décadas.
La represión en Marianao no solo evidencia la falta de libertades en la isla, sino también la creciente desesperación de los cubanos ante un gobierno que sigue optando por el castigo y la censura en lugar de atender las demandas básicas de su población.
