La periodista independiente Camila Acosta y su esposo, el escritor Ángel Santiesteban Prats, conocieron este jueves 19 de noviembre quién presentó una denuncia por presunto atentado contra ambos en Cuba.
La acusación surgió después que compartieran publicaciones sobre un juicio contra cuatro masones. El denunciante es Ernesto Valdés García, testigo de la Fiscalía en aquel proceso, quien asegura haberse sentido amenazado por comentarios de usuarios en redes sociales.
Ambos comparecieron en la estación policial de Zapata y C, en La Habana. Según informó CubaNet, medio donde trabaja Acosta, un instructor les comunicó la existencia del expediente 73567/2026. La pareja rechazó prestar declaración sin asesoramiento jurídico y recibió cinco días para contratar un abogado.
¿Por qué acusan de atentado a Camila Acosta?
La investigación estaría relacionada con un reportaje difundido por CubaNet el 10 de noviembre, que identificó a funcionarios judiciales, agentes de la Seguridad del Estado y testigos vinculados al procedimiento contra los masones. Acosta y Santiesteban compartieron ese trabajo en sus perfiles digitales.
Valdés García sostiene que varios comentarios publicados después de la difusión del reportaje constituyen amenazas contra su persona. Sin embargo, la periodista negó haberlo intimidado y rechazó asumir responsabilidad penal por expresiones escritas por terceros.
Durante la comparecencia, el instructor tenía un documento de más de veinte páginas con capturas de publicaciones y comentarios, según explicó Acosta. La reportera solicitó revisar su contenido, pero asegura que el funcionario se negó a mostrárselo.
¿Quién es Ernesto Valdés García?
El denunciante ocupó responsabilidades dentro de la masonería cubana. Presidió la Corte Suprema de Justicia Masónica y ejerció como tesorero del Asilo Nacional Masónico Llansó. También participó como testigo de la Fiscalía durante el juicio celebrado el 5 de noviembre.
En ese proceso, Santiesteban recibió una condena de dos años de limitación de libertad y una multa de 20.000 pesos por operaciones cambiarias relacionadas con fondos del asilo. Los otros tres acusados fueron sancionados con penas de entre dos y cuatro años.
Camila Acosta denuncia nuevas presiones policiales
La comunicadora considera que la acusación responde a una estrategia de la Seguridad del Estado para impedir su labor periodística. También sostiene que las autoridades utilizan al denunciante para impulsar otro procedimiento contra la pareja. Estas afirmaciones corresponden a su interpretación del caso.
El Código Penal cubano contempla sanciones de prisión para determinadas modalidades del delito de atentado, incluidas conductas de intimidación contra testigos. No obstante, la apertura de una investigación no demuestra que los señalados hayan cometido una infracción penal.
La nueva causa llega después de que Acosta permaneciera detenida durante varias horas el pasado 3 de noviembre. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa han denunciado restricciones de movimiento y hostigamiento contra periodistas independientes en Cuba. La pareja deberá regresar ante las autoridades acompañada de representación legal.