¿Terminó el limbo? Cambio en DHS beneficiaría a cubanos con i220-A
María Elvira Salazar impulsa un enfoque en el que la prioridad debería centrarse en inmigrantes con antecedentes criminales y no comunes
La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aseguró que dentro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se estaría gestando un posible cambio en la política migratoria que podría favorecer a cubanos con formulario I-220A, así como a otros grupos afectados por las restricciones recientes.
La declaración fue realizada en una entrevista con el periodista Mario Pentón, en la que adelantó que la salida de la anterior dirección del organismo abrió la puerta a una revisión interna.
El punto central de ese posible ajuste estaría en aliviar la situación de miles de cubanos que permanecen en territorio estadounidense con I-220A, un documento que no otorga un estatus migratorio formal, pero permite la permanencia temporal mientras se resuelve su caso.
Según explicó Salazar, el nuevo enfoque podría traducirse en un trato más favorable para estas personas, muchas de las cuales llevan años trabajando y establecidas en el país sin antecedentes penales.
La legisladora vinculó este escenario con la destitución de la exsecretaria del DHS, Kristi Noem, y el posible giro bajo el nuevo liderazgo encabezado por Mark Wayne Mullin.
A su juicio, la administración reconoció que las medidas aplicadas en el último periodo fueron demasiado estrictas y terminaron afectando a migrantes que no representan un riesgo para la seguridad.
Salazar insistió en que ha defendido un tratamiento diferenciado para cubanos con I-220A, beneficiarios de parole, entradas mediante CBP One y venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS).
En ese sentido, señaló que la prioridad debería centrarse en personas con antecedentes criminales, y no en quienes cumplen con sus procesos legales o dependen de permisos de trabajo para sostener a sus familias, aunque el propio Trump declaró querer expulsar también migrantes legales.
El posible cambio ocurre en un contexto marcado por incertidumbre para la comunidad cubana. En los últimos años, miles de migrantes quedaron en un limbo migratorio tras la eliminación de programas como el parole y la falta de reconocimiento del I-220A como un estatus legal que permita regularizarse.
Estas decisiones, impulsadas durante la administración de Donald Trump, frenaron trámites de residencia, ciudadanía y otros beneficios migratorios.
A esto se suma un incremento en las deportaciones. Durante el primer año de esa política más restrictiva, se registraron miles de devoluciones de cubanos, incluso de personas con años de permanencia en el país.
Esta situación generó temor en numerosas familias, que ahora enfrentan procesos migratorios sin garantías claras de resolución.
La congresista reconoció ese malestar. Admitió que muchas de las promesas realizadas en campaña no se han materializado y que, en lugar de soluciones, se ha visto un endurecimiento en las medidas.
Sin embargo, planteó que aún existe margen para corregir el rumbo dentro del actual mandato presidencial.
También explicó que su oficina ha mantenido comunicación constante con distintas autoridades del DHS, incluyendo al exsecretario Alejandro Mayorkas y la dirección actual.
A partir de esos contactos, considera que hay señales de que podría producirse un ajuste en la política migratoria.
El planteamiento de Salazar se enfoca en separar los casos: por un lado, quienes han cometido delitos, y por otro, migrantes que han cumplido con las leyes, trabajan y buscan regularizar su situación. Bajo esa lógica, estos últimos no deberían ser tratados como una amenaza.
Aunque no hay medidas concretas anunciadas, la congresista dejó abierta la posibilidad de que en los próximos meses se puedan ver cambios reales.
Indicó que volverá a pronunciarse en breve para evaluar si este posible giro dentro del DHS se materializa y representa un alivio para los cubanos con I-220A y otros grupos en situación similar.
