Trump admite que su gobierno busca deportar también residentes legales
Sus declaraciones llegan en medio de deportaciones masivas y secundando que su administración no distingue entre legales e ilegales
Donald Trump reafirmó que su meta migratoria ya no se limita a impedir nuevas llegadas, sino también a expulsar a migrantes que actualmente viven en Estados Unidos, incluidos residentes legales y personas con trámites pendientes.
En una conversación informal con periodistas durante un vuelo en el Air Force One, difundida posteriormente por la Casa Blanca, el mandatario detalló su visión de lo que denomina “reverse migration”, una política que, de implementarse en su totalidad, transformaría el sistema migratorio estadounidense.
Según Trump, el concepto es literal: “Significa sacar a la gente que está en nuestro país. Sacarlos de aquí. Quiero sacarlos”. El presidente aseguró que “muchas personas” que hoy residen en territorio estadounidense “no deberían estar” y atribuyó su presencia al gobierno anterior.
La declaración se suma a la serie de mensajes que ha repetido desde que retomó el poder, centrados en endurecer tanto los procesos de entrada como la permanencia de migrantes ya establecidos.
Las afirmaciones surgieron en un momento de tensión tras el ataque en Washington D.C. protagonizado por un ciudadano afgano, que dejó a dos miembros de la Guardia Nacional heridos y desató nuevas medidas restrictivas.
Trump defendió la suspensión total de los dictámenes en casos de asilo, una decisión que justificó con el argumento de que países “poco amistosos o fuera de control” podrían enviar personas que, en su criterio, representan un riesgo para la seguridad nacional. Sobre la duración de esta pausa, fue tajante: “Mucho tiempo. No queremos a esa gente”.
Consultado sobre a quiénes se refería con ese término, mencionó a Somalia y aprovechó para arremeter contra la congresista Ilhan Omar, insinuando incluso que debería ser expulsada del país.
En paralelo, el presidente indicó que está dispuesto a quitar la ciudadanía a naturalizados que, según él, “socaven la tranquilidad nacional”. Preguntado directamente si planea aplicar procesos de desnaturalización, respondió: “Si tengo el poder para hacerlo, lo haré. Absolutamente”.
Estas declaraciones coinciden con un giro profundo en su política migratoria. Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump ha acelerado las revisiones masivas de green cards de ciudadanos de al menos 19 países, entre ellos Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
El objetivo declarado es identificar a personas que “no aporten al país” o que representen, según su narrativa, algún riesgo. La administración también ha retomado operativos de control intensivo, ampliado facultades de detención y reactivado programas de vigilancia comunitaria para personas con procesos pendientes.
Las organizaciones de defensa de migrantes han advertido que estas medidas podrían derivar en la expulsión de residentes legales con años de vida en EEUU.
Varios han sido los casos de familias cubanas sometidas a procesos de revisión que frenan renovaciones de documentos o reabren expedientes cerrados, generando incertidumbre y temor en comunidades ya golpeadas por cambios anteriores.
La estrategia actual, que incluye además la suspensión indefinida de decisiones de asilo, forma parte del paquete más radical impulsado por Trump desde su primer mandato.
El presidente sostiene que solo una política de “migración inversa” puede “arreglar” la situación del país, una idea que llega después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) declarara que no hay distinción entre inmigrantes legales e ilegales, y que cualquiera está en riesgo de ser expulsado.
Su mensaje, reiterado en el Air Force One, apunta a una prioridad central: no únicamente limitar nuevas entradas, sino reducir significativamente la población migrante ya instalada.
Mientras tanto, organizaciones civiles, académicos y medios independientes insisten en que esta postura representa una ruptura con décadas de políticas migratorias estadounidenses y abre la puerta a acciones que podrían tener consecuencias humanas y legales sin precedentes.
En lo inmediato, las comunidades afectadas permanecen en alerta ante un escenario que, según advierten expertos, podría profundizar la incertidumbre y el temor entre cientos de miles de familias.
“How long does your Administration plan to pause asylum?”@POTUS: “A long time. We don’t want those people. We have enough problems… You know why we don’t want them? Because many of them are NO GOOD and they should NOT be in our country.” 🔥 https://t.co/ZccfB8aGH4 pic.twitter.com/9ypuhyIFUf
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 30, 2025
