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Trump prohíbe a Harvard recibir estudiantes extranjeros: jueza federal lo frena

El gobierno republicano ordenó que los extranjeros existentes se transfieran o perderán su estatus legal, pero le pusieron un alto

La administración de Trump prohibió a la Universidad de Harvard, su máxima casa de estudios, la admisión de estudiantes extranjeros, y ordenó la expulsión y cancelación de visas de aquellos que ya se encuentran en la institución.

Sin embargo, una jueza federal suspendió temporalmente la medida del Gobierno de Trump que prohibía a la Universidad de Harvard matricular estudiantes internacionales.

La decisión fue tomada por Allison Burroughs, jueza de distrito, horas después de que la universidad presentara una demanda argumentando represalias políticas.

Harvard denunció que la revocación de su certificación en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés) responde a su negativa a aceptar presiones ideológicas del Ejecutivo.

Según el texto legal entregado por la institución, “es el último acto del Gobierno en clara represalia por el ejercicio por parte de Harvard de su derecho, amparado en la Primera Enmienda, a rechazar las exigencias del Gobierno de controlar la gobernanza de Harvard, su plan de estudios y la ‘ideología’ de sus profesores y estudiantes”, reportó CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) notificó el jueves que “Harvard ya no puede matricular a estudiantes extranjeros y los estudiantes extranjeros existentes deben transferirse o perder su estatus legal”.

La orden fue emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien exigió a la universidad entregar registros de conducta de estudiantes internacionales, bajo amenaza de cancelar su certificación.

La medida impactaría a más de una cuarta parte del alumnado de Harvard, compuesto en gran parte por estudiantes extranjeros.

 

Profesores y miembros de la comunidad académica advierten que la salida forzada de estos estudiantes podría afectar la calidad de la enseñanza y la investigación.

La jueza Burroughs también analiza una demanda aparte presentada por Harvard contra la congelación de 2,650 millones de dólares en fondos federales.

Según la institución, la medida vulnera la ley y forma parte de un patrón de presión gubernamental para forzar cambios internos en su política académica y administrativa.

Desde hace meses, Harvard ha sido blanco de la administración Trump, que le exige modificar políticas de campus, procesos de contratación y admisiones para eliminar lo que califica como “prácticas racistas de ‘diversidad, equidad e inclusión’” y para combatir el antisemitismo.

La Casa Blanca, en un comunicado reciente, señaló que “matricular a estudiantes extranjeros es un privilegio, no un derecho”, y acusó a la universidad de convertirse en “un semillero de agitadores antiestadounidenses, antisemitas y proterroristas”.

 

La administración también ha vinculado sus acciones a la participación de estudiantes y personal extranjero en protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamas.

Sin embargo, Harvard afirma que algunas exigencias, como una “auditoría” de opiniones políticas del alumnado y profesores, sobrepasan las competencias del gobierno federal y podrían violar derechos constitucionales.

Noem indicó que Harvard podría recuperar su certificación si entrega cinco años de registros de conducta estudiantil “en un plazo de 72 horas”, según una carta enviada y publicada en redes sociales.

Aunque otras universidades enfrentan medidas similares, Harvard se ha posicionado como la principal opositora de las presiones del Gobierno sobre la autonomía académica.

 

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