Desde el 2017 hasta la actualidad, el gobierno de Uruguay ha negado el 85% de las solicitudes de refugio que realizan en el país los migrantes cubanos, según una información revelada por el medio de noticias Montevideo Portal, que tuvo acceso a estadísticas oficiales.
En general, solo 38 de las 264 solicitudes de refugio hechas por cubanos han sido aprobadas, una cifra que contrasta con el caso de los migrantes venezolanos, que a pesar de esgrimir similares causas que los cubanos, sí son ampliamente beneficiados por esta figura de amparo humanitario y de residencia legal.
Las estadísticas de los primeros seis meses del 2022 también son desventajosas para los cubanos, pues la Comisión de Refugiados (CORE) denegó 89 solicitudes de refugio a todos los extranjeros que la pidieron, siendo 82 de ellos cubanos.
En cambio, durante los primeros cinco meses del actual año, el 100% de los 83 venezolanos que pidieron acogerse a la figura del refugio les fue concedido el trámite.
De hecho, los números muestran que en el caso de los venezolanos, CORE no deniega solicitudes desde 2019, cuando rechazó las dos últimas peticiones.
La explicación que dio al citado medio una fuente dentro del CORE fue que los cubanos no saben exponer con claridad su argumento durante la entrevista con los funcionarios gubernamentales. Muchos de los casos son rechazados al exponer razones económicas como la causa fundamental de su salida de Cuba.
“Las razones económicas, cuando lo dicen en la entrevista, no son razones que justifiquen un refugio”, indicó la fuente.
El asunto hace pensar que los cubanos migrantes deben apoyarse en con conocimiento jurídico sobre el tema para poder aprovechar mejor la ley 18.076, una normativa en vigor desde el 2006 que regula el refugio en Uruguay.
Uno de los acápites fundamentales de la normativa para otorgar refugio es que la persona extranjera haya “huido del país de su nacionalidad (…) porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada (…) o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.
La ley argumenta que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional” y el momento de solicitarlo es en el punto de control fronterizo por el cual entra al país. Las entrevistas y el estudio del caso se hacen posteriormente. De hecho, el CORE tiene hasta cuatro años para examinar el expediente y emitir un veredicto final. Durante ese periodo el migrante puede permanecer en territorio uruguayo con un salvoconducto.
