El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene entre sus prioridades desmantelar el Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés), una institución creada en 1980 que actualmente emplea a unas 4.400 personas, según un informe de NBC 6.
Dado que la decisión final sobre la financiación y existencia del ED recae en el Congreso, la administración de Trump solo puede implementar recortes presupuestarios y reestructuraciones internas con el objetivo de incentivar renuncias y reducir el alcance del departamento.
La Casa Blanca trabaja en una orden ejecutiva que, de acuerdo con fuentes cercanas, reconoce los límites del poder presidencial en esta materia. La firma del mandatario afectaría directamente el presupuesto anual de la agencia, que asciende a aproximadamente 268.000 millones de dólares.
El plan contempla que el secretario de Educación inicie el proceso de liquidación del departamento. No obstante, para concretar su eliminación total, el Poder Ejecutivo necesitaría el respaldo del Congreso mediante una legislación formal.
Actualmente, estos fondos federales se destinan a diversas iniciativas, incluyendo programas de alimentación escolar para niños de bajos ingresos, capacitación docente y apoyo académico. También se utilizan para financiar la educación de estudiantes con discapacidades y en escuelas de comunidades desfavorecidas, además de supervisar estrategias de enseñanza del inglés para niños inmigrantes.
Durante su campaña, Trump reiteró su intención de cerrar el Departamento de Educación, argumentando que ha sido tomado por “radicales, fanáticos y marxistas”. Desde hace más de cuatro décadas, sectores conservadores han intentado eliminar esta agencia bajo el argumento de que representa un uso ineficiente de los fondos públicos y que el gobierno federal interfiere demasiado en la educación estatal y local.
Impacto en Florida
El posible cierre del Departamento de Educación podría tener graves consecuencias para las escuelas públicas de Florida, que dependen en gran medida de los fondos federales administrados por esta entidad.
Solo en el último año, los distritos escolares de Broward y Miami-Dade recibieron cerca de 1.000 millones de dólares en conjunto, recursos esenciales para la atención de estudiantes con necesidades especiales y el apoyo en comunidades vulnerables.
Steve Gallon, miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade, expresó su inquietud sobre el futuro de estos programas.
“Cuando empiezas a hablar de decisiones que van a afectar a los niños pobres, a los niños que tienen necesidades especiales, ¿cuáles serán las protecciones? ¿Quién va a hacerlas cumplir? ¿Cuáles serán los recursos? Hay demasiadas preguntas por resolver”, declaró.
Estos fondos llegan a los distritos escolares a través de un flujo de distribución que comienza en Washington, pasa por Tallahassee y finalmente se dirige a las escuelas locales. Un recorte significativo o la desaparición de esta fuente de financiamiento afectaría a miles de estudiantes en el estado.
